GUADALAJARA, Jal., 10 de septiembre de 2020.- Hasta cinco años de cárcel podría enfrentar un padre de familia que maltrate o corrija con golpes y castigos físicos o emocionales innnecesarios a sus hijos menores de edad.

Así lo aprobaron los diputados locales este jueves en sesión extraordinaria en el Congreso del estado.

Los legisladores modificaron la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco que prohíbe dichas prácticas en la crianza de los menores; por lo que, quien cometa dichos delitos se le impondrá una pena desde 6 meses y hasta 5 años de prisión, y según el caso, perderán la custodia y hasta el derecho a vivir en el mismo lugar que el menor.

“Se impondrá una pena de 6 meses a 5 cinco años de prisión a quien ejerciendo la patria potestad, tulela, custodia o cuidado y vigilancia, agreda a una persona menor de edad, utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, causándole a éste una alteración a su salud, a su integridad física o psicológica”.

La conocida popularmente como Ley Anti Chancha es resultado de las reiteradas agresiones de las que han sido víctimas los menores de edad sobre todo en sus propios hogares y de parte de sus familiares quienes deberían cuidarlos y darles seguridad.

En el mismo tema, se reformaron los artículos del Código de Asistencia Social, el Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, con los que aprueban los dictámenes de las auditorías practicadas al Hogar Cabañas y los estados financieros, que permitirán la desconcentración regional, y lograr la mayor presencia y cobertura posible en los municipios del Estado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mismos que se desempeñarán de manera directa y a través de delegados institucionales, dependientes de los Sistemas DIF Municipales y del Hogar Cabañas.

Los diputados también aprobaron el dictamen que crea el Observatorio de Justicia y Género, como mecanismo ciudadano encargado de dar seguimiento a las sentencias y resoluciones ministeriales y judiciales, mismo que será conformado por representantes de organismos académicos y sociales con facultades para opinar, diagnosticar y dar seguimiento a las actuaciones de autoridades administrativas y judiciales en los tres niveles de gobierno, así como establecer pautas de actuación en materia de acceso a la justicia de las mujeres y obtener una mayor eficacia y contundencia en la respuesta de dichas autoridades.