Anexos clandestinos, un negocio redondo

GUADALAJARA, Jal., 22 de agosto de 2022. Actualmente existen en Jalisco, 326 establecimientos residenciales en tratamiento de adicciones sin registro, sólo 17 con reconocimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) y 47 con registro estatal, según las estadísticas del propio Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ).

Pero la realidad en la entidad de los anexos es otra. Existen decenas de estos centros de rehabilitación clandestinos, que, a costa del dolor y la desesperanza de cientos de familias, llegan a obtener percepciones mínimo de 50 mil pesos al mes, y otros hasta de 100 mil, ello de acuerdo a testimonios que llegaron hasta Quadratín Jalisco.

Al costo de la mensualidad, que va de los mil 500 a los dos mil 500 por interno (algunos la cobran semanal para que parezca menos), se le une lo que obtienen de las famosas “rifas” que realizan continuamente y lo que sacan de ganancia de sus llamadas “tienditas”.

Además de otros servicios que ofrecen sin que haya alguien que regule los precios y tarifas que imponen a madres, padres y familiares que llegan desesperados a depositar a sus enfermos.

Son anexos no reconocidos oficialmente que se rigen sin ningún control, carecen de registro, sin un plan rector para apoyo contra las adicciones, sin psicólogos, sin cuidados en la salud y mucho menos en el trato humano, además de ofrecer alimentos echados a perder a los internos.

Los testimonios de internos y familiares de adictos a Quadratín Jalisco revelan el secreto a voces de la realidad en estos centros, que han derivado ya en muertes y abusos físicos y psicológicos durante años.

“Yo, la verdad de todos los centros que había tenido a mi sobrino este es el peor, y mire que yo ya recorrí un montón, los institucionales, para Tonalá, en Zapopan, lo he tenido en varios, y la verdad nunca había caído en uno de esos”, así habla la tía de un adicto que lo internó en el llamado Cedro, de la calle Robles en San Sebastián El Grande de Tlajomulco, donde denuncia no existe ningún control.

“Él se fue por su voluntad, porque andaba mal y ahora ya se quiere salir, si estuviera bien él me diría que se quería quedar, si tuvieran terapias o buen trato, pero ya quiere salirse, por algo ha de ser”, señala.

Una madre de un interno en otro anexo de Zapopan, señala que “ponen a los mismos internos a cuidarlos, a los que ya supuestamente están bien”. “Incluso a mi hijo, le ofrecían ahí mismo la droga, no siguen un plan de rehabilitación, es mentira”.

Para los familiares tampoco hay buen trato, según revelan. “Entramos el día de visita al patio y empieza la cobradera, que ya me debes esto, que ya una rifa de tal cuadro, que una rifa de tal cosa. Que para ayuda de ahí mismo”.

“Nosotros tenemos que comprar hasta platos desechables, porque no nos dejan meter nada de metal, pero tampoco ellos tienen nada de losa”.

Y como si estuvieran ocultando algo, en muchos de estos anexos, el día de visita, les prohíben a los familiares el ingreso de celulares.

“Entrando el celular, te lo guardan ellos y ya no te lo prestan hasta que sales, me imagino que para que no grabemos nada de cómo están”.

Además, la falta de registro tan evidente de estos negocios clandestinos, una trampa en la que caen las familias.

“No me dan un recibo formal que diga tiene un folio, sin ningún número de registro o permiso, tienen un sello nada más que le ponen ahí, por eso yo digo que no está legal”.

Un negocio redondo a cambio de servicios pésimos, “nos cobran por semana 600 pesos, pero está barato, porque yo he estado con mi sobrino recorriendo muchos, y en otros pagaban 750 pesos semanal, más la despensa que le llevaba, porque ahí tenía que llevarle y para la tiendita”.

“Te venden todo y muy caro. Abarrotes y de otros servicios que venden, papel de baño, jabón de polvo, shampoo y rastrillos, además del corte de pelo que les hacen ahí mismo que cobran hasta en 60 pesos”.

Son anexos que mínimo tienen 20 internos, otros hasta 40 o más.

Tienen la sospecha de que no los tratan bien físicamente, “Siento que no. No sé si mi sobrino no se anime a decirme, la verdad, pero yo siento que sí, porque él me pide que ya lo saque”, señala la tía de un interno del anexo de Tlajomulco, donde conviven hasta niños, al parecer hijos de las trabajadoras del lugar.

“He visto como tres niños, no sé de quién sean, los niños chiquitos, tienen menos de cinco años, ahí entre los internos jugando”.

Y la peor calidad en los alimentos, echados a perder. “La otra vez me dijo, ‘no vuelvo a comer salchichas’, por qué le dije, ‘porque están todas moradas, yo saliendo de aquí no vuelvo a comer salchichas’, me dijo mi sobrino”. “Yo me imagino que se las han de donar de alguna parte”.

Son centros de rehabilitación que se anuncian sin temor y que ofrecen sus servicios, aprovechándose de la desgracia de las familias con adictos. “Se presumen en Internet que dan terapia que son buenos, pero al platicar con los internos, te das cuenta que no es cierto, son personas inexpertas”.

Intensifican revisión

El último reporte que dio a conocer Tlaquepaque es que de acuerdo a la revisión que realizan en conjunto autoridades federales, estatales y municipales, se han verificado alrededor de 120 centros, de los cuales sólo 20 estaban en regla. Uno más recibió una clausura total y cuatro más, clausuras parciales.

Las clausuras se han debido principalmente a que los anexos no contaban con licencias y otros requerimientos municipales para operar, incluso en un anexo, se detectó que seis de los internos contaban con una cédula de desaparición ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), aunque no con una carpeta de investigación.

En Tlajomulco, según informó la autoridad a Quadratín Jalisco, Inspección y Vigilancia realiza operativos permanentes para verificar que los centros de rehabilitación cumplan con lo requerido para operar.

En ese municipio, “en lo que va de esta administración se han impuesto dos infracciones a establecimientos por no contar con licencia municipal en el momento de la visita de los inspectores”.

Mientras que en la pasada administración se registraron tres clausuras en establecimientos por no cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad y no contar con licencia vigente ni un trámite en curso para contar con la misma.

A raíz del asesinato de seis personas en el anexo Cerco de Vida, ubicado en la colonia La Cofradía en Tlaquepaque y de la agresión a una adolescente que fue quemada en un centro de rehabilitación de Tonalá, la autoridad estatal en conjunto con los municipios, llevan a cabo un operativo de revisión, apercibimiento y clausura, para regular este tipo de establecimientos, a quienes les dieron un plazo de tres meses para que se regularicen.