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Fortalecerán Jalisco y gobierno federal coordinación en gestión de riesgo
GUADALAJARA, Jal., 25 de marzo de 2024.- La inconformidad de cientos de familias que se dicen engañadas por fraccionadores y constructores que no son capaces de dotar del más vital de los servicios públicos, como lo es el agua potable, llegó a su límite.
Al igual que decenas de nuevos fraccionamientos de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, donde a decir del investigador Fernando Córdova Canela se registra mayormente este problema, este domingo, familias inconformes llegaron hasta las oficinas de ventas de grupo Javer, en Cima Serena III de El Salto para protestar por el incumplimiento en el suministro de agua potable y pedir una respuesta.
“Les advertimos que les vamos a poner una demanda colectiva”. “No queremos más pipas, queremos una solución definitiva”. “Si no dan solución, el próximo fin de semana aquí vamos a volver”, estas fueron algunas de las consignas en contra de la constructora Javer.
“No nos han resuelto nada, ya estamos cansados y queremos hacer algo”. “¿Por qué todavía siguen construyendo?, imagínate no nos abastecen a nosotros de agua, pero siguen vendiendo”, es la voz de algunos de los inconformes, que aseguran también se han escuchado denuncia de los otros fraccionamientos de Cima Serena I y Cima Serena II.
Es el fraccionamiento Cima Serena III, donde se dice hay alrededor de 400 casas que se tienen que abastecer de agua potable a través de pipas y no de manera constante.
Tiene poco más de un año que empezaron a vender, y siguen construyendo a pesar de la escasez del vital líquido, según denunciaron los inconformes a Quadratín Jalisco, además del incumplimiento de otros servicios.
“Nos dijeron que iban a hacer un parque y no es cierto, les metieron más casas, hay apagones de luz, a muchas casas les han salido detalles de garantías, de hecho, a la mía le han salido varios detalles, nunca nos dijeron que las casas llevaban material de hielo seco, de haber sabido no compro”.
El argumento de la constructora es que el pozo tiene poca profundidad y que ya se trabaja en una nueva instalación de otro para dar solución, la cual prometen llegará pronto.
Precisamente sobre ese tema de los pozos, Córdova Canela, entrevistado para Quadratín Jalisco, explica el problema de los pozos en estos nuevos fraccionamientos, que señala todo está fragmentado y eso dificulta la dotación de servicios en ellos.
Están explotando permisos de explotación de pozos que ya en algunos casos pues no daban los aforos, los caudales necesarios para sostener tantas personas
Uno de los inconformes
“Algunas zonas son zonas de ya explotación de acuíferos. Están explotando permisos de explotación de pozos que ya en algunos casos pues no daban los aforos, los caudales necesarios para sostener tantas personas, realmente las factibilidades para los servicios nunca han logrado alcanzarse en la realidad”.
“No es que no hubiera pozos, es que esos pozos tienen una capacidad limitada, respecto a la extracción de agua, también el municipio tiene una capacidad limitada, por ejemplo, para la colecta de basura, hay una capacidad limitada también para el suministro de energía, y por supuesto hay una capacidad limitadísima para llegar a ellos, en casi todos los casos hay una o dos vías para llegar”.
Tlajomulco, El Salto, Zapopan y parte de Tonalá, son los municipios en crecimiento, donde los ayuntamientos, ofrecen terrenos a constructoras que se ven rebasadas, ante la gran demanda de los nuevos dueños que, al llegar a sus hogares, se dan cuenta que todo fue un engaño.
Fernando Córdova Canela, profesor investigador de Técnicas de la Construcción del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (Cuaad) de la UdeG, aseguró que muchos son fraccionamientos que “fragmentan” la ciudad y ofrecen servicios que no pueden dar, como el agua potable y otros, como transporte, salud, escuelas y alumbrado público.
Esto significa, dijo, un problema compartido entre constructoras y autoridades municipales, porque en muchos de los casos los empresarios llegan, construyen y se van, dejando el conflicto a los ayuntamientos.
Relata que desde la implementación de la política pública de aproximadamente el año 2000, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de darle un valor a la producción de vivienda como un motor económico, empezó este problema.
Puso de ejemplo Tlajomulco, donde hay entre 30 mil y 40 mil viviendas vacías o subutilizadas por estas circunstancias.
La incapacidad para dotar de una vivienda digna y con servicios a la población, es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal, porque hay la obligación – por ley – de que los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa
Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Al respecto, Córdova Canela recordó que precisamente bajo ese argumento, existen dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de dos familias que se inconformaron por no tener estas características en sus viviendas nuevas, uno de esos casos de Jalisco, algo a lo que sería bueno accedieran todos los que se sienten defraudados con sus nuevas viviendas por este tipo de fraccionamientos.
Por todo ello, indicó Córdova Canela que es urgente la aplicación de una política pública metropolitana en materia de vivienda, donde no únicamente se tomen en cuenta la dotación de servicios – que son importantes -, sino también, aspectos como favorecer a grupos vulnerables como mujeres jefas de familia y personas de la tercera edad; vivienda social barata en zonas urbanas y no sólo en la periferia y promover casas en renta.
Asimismo, intervenir en el tejido urbano deficitario como son las casas destruidas y abandonadas de Tlajomulco, empatar los programas de vivienda con los de infraestructura; establecer políticas de suelo certeras donde el metro cuadrado no sea imposible de comprar y optimizar el ciclo de vida de las viviendas.