Encabezan Peña y Murillo Karam solicitudes de juicio político

GUADALAJARA, Jal., 15 de junio de 2016.- De mayo de 2013, tan sólo cinco meses después de que comenzó la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y hasta el primer trimestre de 2016, el gabinete federal acumuló 17 diferentes solicitudes de juicio en contra de 29 de sus integrantes.

Los que encabezan la lista de acuerdo con el documento que remitió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, son el propio titular del ejecutivo federal y el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con cuatro señalamientos cada funcionario. Uno de estos lo comparten con otros 23 integrantes, en contra de quienes Gerardo Fernández Noroña giró una solicitud el 19 de junio de 2014, para que se les iniciara un proceso de juicio político.

Al presidente y al ex titular de la PGR los siguen el también ex secretario de desarrollo urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín y el secretario del trabajo, Jesús Alfonso Navarrete Prida con tres solicitudes cada uno. A su vez los secretarios de hacienda y crédito público y de la función pública, así como el director de Pemex en su calidad de ex director del IMSS, Luis Videgaray, Virgilio Andrade y José Antonio González Anaya, respectivamente acumulan dos peticiones de juicio.

También con dos solicitudes de juicio está el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien se le señala como uno de los principales actores en el desfalco a la paraestatal a través de la compra de fábricas de fertilizantes por más de 700 millones de dólares, engorda de la nómina con 500 puestos ejecutivos en el corporativo, así como la renta a sobre precio de aeronaves.

Hay otros 20 funcionarios que tienen en su contra una solicitud del juicio político, que puede ser individual o colectiva. Entre estos, están los titulares de la PGR, Sener, Segob,Sedesol, Sedena, Semar, Sedatu, Semarnat, SE, SEP, entre otros.

Por su parte, el diputado Omar Ortega, señaló se refirió en  tribuna al caso de Lucero Sánchez, de la que señaló que «hay que ser muy claros, que este Congreso, con esta facultad, no va a juzgar a ningún representante popular, ni a la diputada local».

Aseguró que no se está prejuzgando, si es culpable o no. «Simplemente se está quitando la inmunidad constitucional para que, en consecuencia de ello se ponga a disposición de la autoridad. Igual que cualquier otro ciudadano, ante las autoridades, para que demuestre, entre ellas mismas, si es o no responsable del delito que se le imputa».

El legislador expresó que los 320 expedientes acumulados en los últimos 12 años, duermen el sueño de los justos en esta Cámara de Diputados, donde la Comisión o la Subcomisión de Examen Previo, apenas se instaló el mes pasado. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos decir de todos los representantes populares? Que ocultándose detrás del fuero hacen de este estado mexicano, sea el estado más impune, más corrupto y más inseguro, sentenció Ortega.