A tres meses de que venza el plazo para que los policías estatales y municipales estén absolutamente capacitados para la implementación de los juicios orales, la situación se torna peligrosa y genera una gran incertidumbre en los ámbitos sociales, académicos y oficiales, sobre el éxito del nuevo sistema, pues los uniformados estatales y municipales son el eslabón que genera más dudas en su implementación debido a que no hay, a nivel nacional, cifras oficiales de su capacitación.
Y es que una deficiente e insuficiente capacitación en los policías municipales y estatales que hay en el país, la opacidad en el gasto destinado para tal efecto, una evaluación externa que califique dicha capacitación y la ausencia de una ley que sustente su entrada en vigor, pone en tela de juicio, según investigadores, estudiosos del tema, consejeros de la judicatura, funcionarios federales, e inclusive alcaldes, el efectivo funcionamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, –anunciado desde 2008– y tiene como fecha fatal el próximo 18 de junio y que, por insuficiencias y omisiones, podría colapsar.
Las 32 entidades federativas –incluyendo a los 2,400 municipios– tienen como plazo hasta el 31 mayo para capacitar a sus respectivos policías. El gobierno federal y los gobiernos de los estados acordaron en su momento capacitar a 353,025 policías preventivos –de los cuales 217,718 son estatales y 135,307 municipales–, pero a 12 semanas de que se cumpla el plazo para que certifiquen su capacitación absoluta, ha trascendido que menos de la mitad de ese estado de fuerza ha cumplido con su certificación.
La cifra de 27,500 policías para ser capacitados cada semana, no encaja en las previsiones, pues no se cuenta con las suficientes aulas, capacitadores, transportación, hospedaje y alimentos, para cubrir las mínimas necesidades.
De una investigación realizada por Quadratín México se desprende que el Sistema Procesal Penal Acusatorio tiene su Talón de Aquiles en la capacitación de los policías, los cuales, en su mayoría, además, tienen problemas de salud, donde las enfermedades crónico degenerativas (obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares…) son el lugar común.
Aunado a ello, académicos como Miguel Carbonell, Marco Lara Klahr y Elena Azaola, y los consejeros de la Judicatura Federal (CJF), Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza, reconocieron que la capacitación de los policías puede ser “el Talón de Aquiles” de todo este sistema, pues a diferencia de jueces, secretarios de acuerdos, fiscales y peritos, no se tiene la certidumbre en la capacitación policiaca y menos de su certificación.
Para Lara Klahr y Carbonell, otro de los puntos es la corrupción imperante en las corporaciones policiacas y en las cárceles, además de la vinculación entre mandos policiales con el crimen organizado.
En ese sentido, el consejero Felipe Borrego Estrada, coincidió en que si los policías no están suficientemente adiestrados para atender este nuevo sistema judicial podrían debilitar todo el sistema.
Alfonso Pérez Daza, dijo que los esfuerzos institucionales actualmente se concentran en dos grandes vertientes: la implementación que tiene como plazo límite junio de 2016, y la consolidación que se prevé alcanzar en diciembre de 2018.
Por su parte, Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo que el gran desafío es que se tengan capacitados a los más de 350 mil policías estatales y municipales.
Durante su participación en Congreso Internacional “El Desarrollo de las Ciencias Forenses y su Aplicación en la Administración de la Justicia”, Moreno Manjarrez indicó que fortalecer a las policías, el marco jurídico y cambiar el paradigma en la forma de trabajo, será fundamental para que el nuevo sistema funcione y explicó que diversos estados del país presentan retrasos en la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio.
No obstante que la PGR anunció que ya se tiene el 70 por ciento de la implementación de los juicios orales y esgrime que los policías federales ya fueron capacitados, el gobierno federal no ha demostrado que dicha preparación haya sido evaluada de manera satisfactoria por organizaciones externas y esa carencia de información ha provocado dudas.
Pero el asunto se torna más grave al hablar de la policía estatal pues organizaciones como Causa Ciudadana califican con 6.1 la capacitación.
Ante la insuficiente capacitación para todos policías preventivos estatales y municipales y que son una parte medular para establecer este tipo de justicia –que se le denomina “de martillo”–, este tipo de procedimientos podría tener su “falla de origen”, pues los uniformados no estarían preparados para ser parte medular en dichos juicios.
Además de ello, hay un problema porque dicha certificación no ha sido avalada por organismos independientes, por lo que esto podría prestarse a la simulación.
De acuerdo al plazo fijado en el Decreto de Reforma Constitucional de fecha 18 de junio de 2008, todo este estado de fuerza policial, deberá estar absolutamente capacitado en dos vertientes:
Por un lado, deben ser capacitados sobre los contenidos legales y homologados de los delitos que se persiguen. Y la otra vertiente tiene que ver con la capacitación en al menos siete competencias policiales:
Estas competencias son: acondicionamiento físico; defensa personal; detención y conducción de indiciados; operación de equipos de radiocomunicación; manejo de bastón; armamento y prácticas de tiro policial y conducción de vehículos. Pero todas estas habilidades deben estar acompañadas del conocimiento de los protocolos para mantener las evidencias y preservación del lugar de los hechos, además de conocer el procedimiento legal a seguir.
De acuerdo a un documento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya copia obra en poder de esta Agencia, de los poco más de 353 mil policías preventivos, unos 115 mil tienen algún tipo de capacitación en materia de competencias policiales, pero no en todas las ramas administrativas y legales.
Por ejemplo, en el estado de Coahuila, Torreón es la sede de los cursos de capacitación en materia de Juicios Orales y Cadenas de Custodia para policías municipales y elementos del GATE. El curso dura 40 horas y participan 700 elementos. Falta otro tanto igual para ser capacitado y el 31 de mayo es la fecha límite para que estén certificados de acuerdo a los lineamientos que marca el nuevo Sistema de Justicia Penal Obligatorio.
Los policías preventivos capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal debieron haber sido certificados de que cumplieron con un curso de 80 horas y los mandos intermedios debieron de cumplir con otro curso más, de 120 horas, para poder instruir a sus subordinados. Sin embargo, no hay evidencias de que esto se haya llevado a cabo en los estados, por lo que algunas organizaciones sociales y diversos académicos consultados por Quadratín dudan sobre la verdadera capacitación policial y consideran que se está llevando a cabo “una simulación”.
De acuerdo a estos documentos, diversos municipios que han acudido a las reuniones convocadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para plantear sus necesidades en cuanto a capacitación y equipamiento, y poder cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Capacitación, se han quejado de que las cantidades que les asignan son insignificantes.
Por ejemplo, el presupuesto asignado para impartir los cursos por cada elemento es de aproximadamente 570 pesos, cuando las academias e institutos regionales y estatales de formación policial, han cotizado en promedio, en alrededor de 4 mil pesos el curso por cada uno de ellos.
Ante esto, algunos alcaldes están tomando otro tipo de estrategias.
Uno de ellos, por ejemplo, es el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, quien consideró que como la capacitación que brinda el Estado es “raquítica”, su municipio contratará servicios externos para preparar a los policías y a los operadores jurídicos municipales en materia del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
