Entrega Zapopan zapatos a niños de la colonia Indígena de Mezquitán
GUADALAJARA, Jal., 21 de enero de 2016.- Luego de una reunión realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), Delegación Jalisco, en coordinación con personal de Seguridad Física de Pemex, Secretaría de la DefensaNacional, Policía Federal y Fiscalía General del Estado, se acordó el establecimiento de líneas de acción a fin de realizar operativos disuasivos en el trayecto de los ductos de Pemex, mediante los cuales se pretende reducir el robo de combustible.
Durante a la reunión, el Delegado Estatal de la PGR, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, subrayó las nuevas modalidades y herramientas jurídicas con que cuenta el Agente del Ministerio Público de la Federación para sancionar de manera ejemplar a quienes posean, transporten o sustraigan de manera ilícita hidrocarburos.
De tal forma que se estará realizando más juntas ese tipo, en las que se acordará la implementación y planeación, así como la identificación de personas y grupos criminales dedicados a la sustracción ilícita de hidrocarburos, además de tener un seguimiento de acciones y medición de resultados obtenidos.
Cabe mencionar que la ley aprobada el 15 de diciembre pasado, en el Congreso de la Unión y posteriormente el decreto publicado por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación advierte que se sancionará a quien participe en toda esta cadena delictiva y habrá penas desde dos hasta 25 años de prisión y/o multas desde dos mil hasta 25 mil días de salarios mínimos, esto último cuando la cantidad robada sea igual o mayor a dos mil litros. En tanto que las penas carcelarias van de tres a 15 años de para quien sustraiga sin derecho el producto; de uno a cinco años de cárcel a los servidores públicos involucrados, y de cuatro a seis años a quien, con conocimiento de esta conducta, colabore o no denuncie a las autoridades correspondientes.
Además de que, la pena máxima para este delito se impondrá a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.