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GUADALAJARA, Jal., 9 de marzo de 2017.-Derivado de las denuncias penales presentadas por los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, mismas que acompañaron las solicitudes de juicio político en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez ahora que inició el proceso para proceder con el juicio político contra el magistrado, la Fiscalía también deberá iniciar con el proceso para sancionarlo señaló el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.
«Ahora el asunto cae en la responsabilidad tanto de la Fiscalía, como del Poder Judicial para tomar las decisiones correspondientes y que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley y por esta ocasión quede en claro que aquí en Jalisco se empieza a tomar enserio el principio de que él que la hace la paga», señaló.
Acerca de la posibilidad de que pudieran invalidarse los juicios políticos por haber sido presentados por los alcaldes, el presidente de la mesa directiva del congreso del estado, Ismael del Toro Castro afirmó que ese no es argumento para echar abajo el proceso.
«No hay ningún riesgo. La incoación es precisamente para cerrar el periodo de instrucción a efecto de determinar la sanción en que va a recaer ya no hay posibilidad de que se deseche por la personalidad, siempre argumentamos que el ser funcionario público no quita la calidad de ciudadano y por eso se determinó la incoación», respondió el legislador emecista.
Alfaro Ramírez, por su parte, argumentó que cuando presentó las denuncias contra el magistrado Barba estuvo acompañado y respaldado por vecinos de diferentes colonias que estaban en contra de la permisión del magistrado en la entrega de licencias de construcción de edificios y desarrollos habitacionales.
Manifestó que más que nunca es necesario acabar con la impunidad, expresó que los casos de los magistrados Alberto Barba Gómez y Luis Carlos Vega Pámanes deberán servir como ejemplo para hacer una «cirugía» al Poder Judicial. No obstante, sobre el caso de Vega Pamanes aseguraron que no está en la congeladora sino que sigue en proceso de discusión, esto pese a que una de las solicitudes en su contra ya fue incoada.