GUADALAJARA, JAL., 17 de julio de 2019.- Senadores y diputados de todas las fuerzas políticas de la Comisión Permanente se manifestaron en contra de la aprobación del decreto por el cual el gobernador electo Jaime Bonilla pretende ampliar el periodo de mandato en el ejercicio del Ejecutivo de Baja California hasta el 31 de octubre de 2024.

En sesión de este miércoles, las voces de todos los grupos parlamentarios se unieron para exigir al Congreso del estado y a los ayuntamientos de la entidad fronteriza dejar sin efecto del decreto 112 de reformas a la Constitución local, aprobado el pasado 8 de julio.

En un pronunciamiento avalado, los legisladores solicitaron que se realicen las acciones correspondientes, de acuerdo con las Cartas Magnas del país y de Baja California y así garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.

El senador del PRD, Antonio García Conejo, señaló que la reforma aprobada por la 22 Legislatura de Baja California atenta contra el Estado derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.

El diputado de PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, adelantó que impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso que se publique y entre en vigor la reforma, al tiempo de promover un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, así como la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.

Por Encuentro Social, la diputada María Rosete Sánchez indicó que la aprobación de ese decreto además de “una aberración jurídica con la anuencia del Gobernador”, es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años, no por cinco como pretende ampliarlo.

La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburu, dijo que esa sucia maniobra aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado señaló que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, en un país con una larga historia de fraudes electorales, de privilegios, de acumulación y prolongación del poder encima de los límites legales, pues significaría apostar por una regresión autoritaria.

En posicionamiento del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho destacó que su bancada confía en que este Punto de Acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California.

Criticó que la historia parece repetirse con algunas graves variantes, Jaime Bonilla Valdez, empresario de medios de comunicación de la región incursionó recientemente la política bajacaliforniana bajo el amparo de su amistad beisbolística con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de derecho. Si la boleta dice dos años esos serán, si dice seis también”, detalló.

La diputada panista Lizbeth Mata Lozano subrayó que el acto realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia.

“Lo que sucedió en Baja California, el acto realizado por el Congreso del estado es la antítesis de la democracia, es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático», expresó al referir la película Ley de Herodes, donde un personaje arrancaba hojas de la Constitución y escribía luego lo que quería.

Por Morena, el diputado Raúl Bonifaz Moedano dijo que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va en contra del Pacto Federal.

La fracción parlamentaria a la que pertenece hizo un exhorto de prudencia y sensatez.

De presentarse una controversia constitucional Morena lo respaldaría, aseguró.

La reforma fue aprobada el lunes 8 de julio de 2019 por 21 votos a favor, el Congreso de Baja California de –mayoría panista– está compuesto por 25 legisladores: 12 del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno del Partido Baja California, uno del PT, uno de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Transformemos.

Los ayuntamientos también participaron siendo Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito quienes también aprobaron esta reforma. Los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana la rechazaron.

En el asunto aprobado la mayoría de los senadores y diputados federales coincidieron que hay una violación clara a los principios constitucionales de sufragio efectivo, certeza electoral, así como de definitividad de los actos electorales.

En suma, está en contravención del Pacto Federal.