CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril de 2020.- Ante lo que calificaron como ilegal convocatoria a sesión “vía remota” del Congreso de la Ciudad de México que el grupo mayoritario pretende llevar a cabo este viernes, los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI manifestaron su rechazo.
Afirmaron que ello violenta el marco jurídico y constituye un atropello a la legalidad por las siguientes razones: «Es ilegal la celebración de sesiones sin la presencia física de los diputados en el salón de sesiones.
El marco legal de la Ciudad sólo contempla la posibilidad de la realización de sesiones presenciales, en las que las y los legisladores estén físicamente presentes.
Ejemplo de esto son las referencias que se hacen en los artículos 9 de la Ley Orgánica (LO), 28, 31 a 37, 46, 62, 94, 129 y 183 del Reglamento (R), por solo citar algunas disposiciones que enfatizan la necesidad de una presencia física de la persona legisladora en el Salón de Plenos.
La sede del Congreso es el Palacio Legislativo de Donceles. Ese es el recinto donde se deben reunir a sesionar las y los Diputados (art. 28 R).
El salón de sesiones es el lugar autorizado para que se reúnan a sesionar los diputados (art. 31 R). La normatividad (art. 5 LO y 32 R) sólo contempla la posibilidad de que las sesiones se lleven a cabo en lugar distinto previa propuesta de la Junta y autorización de las dos terceras partes de los integrantes de la Junta, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Aún así, el mismo artículo hacer referencia a que “se sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto”, claramente especificando que debe tratarse de un espacio físico.
La Convocatoria viola el calendario legislativo, aprobado en los Acuerdos de la JUCOPO y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Orden del Día debe ser preparado por la Junta y la Mesa Directiva y esto no ha ocurrido (arts. 48 tercer párr. y 76 R). Ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva, (conformada por la Presidenta más 4 vicepresidencias, dos secretarías y dos pro secretarías y cuyas decisiones deben ser colegiadas, art. 30 LO), se han reunido ni han aprobado el Orden del Día.
Las sesiones deben ser públicas. El mecanismo previsto en la Convocatoria violenta la obligación de que las sesiones sean públicas (art. 46 R), rompiendo los principios de parlamento abierto.
Las votaciones nominales deben ser presenciales, conforme lo disponen los artículos 171 y 172 R. La Presidencia carece de facultades para hacer esta convocatoria, viola la ley y se coloca en una situación jurídica delicada, sujeta a acciones legales. La Presidencia se equivoca en la interpretación de sus facultades.
El artículo 367 del reglamento que invoca no es aplicable al caso. Adicionalmente, de forma tramposa, cita solo parcialmente lo establecido en la fracción VI. que establece que “Para atender una situación no prevista en el Reglamento, el la o el Presidente podrá dictar una resolución de carácter general”, omitiendo la segunda parte del artículo que claramente refiere que lo anterior debe ocurrir “siempre que haya la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta.
En caso contrario, este tipo de resoluciones sólo tendrán efecto con la aprobación de la mayoría simple del Pleno.”, lo cual no ha sucedido. No se respeta el procedimiento para la aprobación de una reforma constitucional federal.
El artículo 329 del reglamento obliga a que la Presidencia de la Mesa Directiva comunique al Pleno la recepción de la minuta correspondiente. Sin embargo, el documento en cuestión fue recibido hasta el pasado 24 de marzo y la última sesión del Pleno se llevó a cabo el 19 de marzo.
Los anteriores son sólo algunos argumentos jurídicos que pueden derivar en la nulidad de los actos llevados a cabo por el Congreso de efectuarse la sesión ilegal que se pretende, derivando además en indeseables consecuencias jurídicas que dañarían de forma irreparable la vida democrática de la Ciudad.
La reforma que se pretende discutir es sobre un tema noble, pero hacerlo de la manera cómo se pretende es mancharlo.
Además, un cambio al máximo ordenamiento jurídico del país debe hacerse con la mayor pulcritud, en estricto apego a las normas. Pero si en su proceso de aprobación se violan las leyes, ¿quién va respetar la reforma? Los firmantes nos oponemos tajantemente a la celebración, bajo cualquier argumentación, de una sesión virtual.
Exhortamos al Grupo Parlamentario de Morena y a la Presidenta de la Mesa Directiva a conducirse con apego a la ley y a no ser autores intelectuales y materiales de la violación sistemática a las normas. Advertimos que se sienta un pésimo precedente legislativo, atropellando la ley y un riesgo muy alto, de que una vez más al Congreso le enmienden la plana», informaron en un comunicado.