Ley de Austeridad generará falta de certeza; busca aplauso fácil: PRI

GUADALAJARA, JAL., 10 de mayo de 2019.- La diputada federal del PRI Dulce María Sauri Riancho criticó la Ley de Austeridad aprobada antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, pues indicó que, no está diseñada para construir una ley sólida en la materia, sino que busca la complacencia y el aplauso fácil, dando, dijo, un empaque bonito, pero lleno de puro aire.

La también presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, argumentó que las disposiciones aprobadas chocan con normas que ya están en vigor, por lo que generará falta de certeza y ambigüedad normativa; advirtió que la ley quedará rebasada y sujeta a interpretación, al facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a determinar sobre criterios que aún se desconocen.

“Se faculta a la Secretaría de Hacienda a elaborar los lineamientos para regular lo previsto en estas ocho fracciones (artículo 16) y en otros casos que se les ocurra en materia de medidas de austeridad, entonces de qué sirve nuestra Ley de Austeridad si será la Secretaría de Hacienda la que terminará estableciendo discrecionalmente qué debemos interpretar por derroche o gastos de oficina innecesarios”, afirmó.

Detalló que el artículo 16 de la Ley de Austeridad establece que las medidas de austeridad son enunciativas y no limitativas, lo que, explicó, genera una gran incertidumbre y discrecionalidad respecto a qué medidas pueden considerarse austeridad, ambigüedad que pone en jaque a los servidores públicos.

“Es muy desafortunado que esta ley esté redactada en términos de un mensaje político y no en términos jurídicos; este gran error lo único que genera es un gran decálogo de medidas de austeridad, cuya redacción es ambigua, poco clara, y en consecuencia provoca incertidumbre jurídica a los sujetos obligados de dicha ley”, sostuvo.

Sauri Riancho destacó que, lo dispuesto para evitar el gasto innecesario, que está redactado como “derroche” en el uso de recursos como energía eléctrica, agua y telefonía en oficinas públicas, no tiene sustento legal, ya que este término no es una categoría jurídica que pueda ser determinado por una conducta específica, sino un término subjetivo que resta seriedad a la ley, en lugar de darle la firmeza esperada.