Legislativo denuncia presunta red de corrupción y tráfico de influencias

GUADALAJARA, Jal., 31 de enero de 2024.- El Poder Legislativo de Jalisco denunció a Gabriel N, por la presunta comisión de delito de fraude procesal, y en su caso por ilícitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y, delitos contra la administración de Justicia; señalan que encabezaría una red de corrupción, tráfico de influencias y extorsión.

En rueda de prensa, el Secretario General Legislativo, José Tomás Figueroa Padilla, recalcó que la anterior obedece a la existencia de una duda razonable sobre la conformación de una red de corrupción, tráfico de influencias y extorsión, encabezada por el denunciado, quien utilizaría los procesos de elección de magistraturas, jueces y diversos funcionarios públicos, para entorpecer legalmente los nombramientos, y desistirse posteriormente a cambio de presuntas extorsiones económicas de carácter extrajudicial.

«Este personaje se ha dedicado a impugnar ya por lo menos seis diferentes procesos de nombramientos, incluidos varios en los que no participa, no presenta examen de conocimientos, examen de control de confianza, o incluso los requisitos básicos que establecen las diferentes convocatorias», señaló Figueroa Padilla.

Entre los últimos procedimientos impugnados, destacan el nombramiento de magistrados de 2020, el nombramiento del titular del Instituto de Justicia Alternativa, del Fiscal Anticorrupción, de la Comisionada Presidenta del ITEI, y la pasada convocatoria para elección de magistraturas, en donde fueron electos algunos de los perfiles mejor evaluados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, (Ceneval).

Cabe destacar que el delito de fraude procesal, se configura cuando para obtener un beneficio para sí, se trata de inducir a error a la autoridad jurisdiccional o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Según el Código Penal para el Estado de Jalisco, el delito de fraude procesal se castiga con una pena de tres a seis años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario mínimo. Sin embargo, la pena puede ser mayor si el beneficio obtenido es de carácter económico.