CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- Severas críticas expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sobre el dictamen por el que se busca crear la Guardia Nacional, la cual, afirmó, no garantiza la justicia en el país, además de que, genera un riesgo de vulneración de los derechos humanos y debilita a las instituciones civiles.
“La Guardia Nacional representa una respuesta parcial incompleta y sesgada a la violenta inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguna, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática.
Además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que estaríamos obligados a cumplir (…) La Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo“, sostuvo.
Durante su participación en la quinta mesa de trabajo, Derechos Humanos y Guardia Nacional en el marco de las Audiencias Públicas para analizar la Guardia Nacional, que se realizan en la Cámara de Diputados, González Pérez criticó la presencia militar en esta figura que se propone crear, y aseguró que no se puede depositar la garantía directa de los derechos en órganos o estructuras militares.
Enfatizó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje de la convivencia social en el país.
El ombudsman criticó que pueda haber una simulación sobre estas Audiencias Públicas que se realizan, cuando la decisión sobre la Guardia Nacional, dijo, parece que ya está tomada, esto al referir que llama la atención que ya exista un presupuesto destinado para la operación de esta figura, además del lanzamiento, por lo menos mediático, de la convocatoria para reclutar a sus integrantes.
Afirmó que si estas audiencias terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en la legislatura pasada cuando se discutió la Ley de Seguridad Interior, se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de la actual Legislatura.
Sostuvo que la propuesta no establece ninguna garantía de que elementos militares que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos, no puedan formar parte de la Guardia Nacional, y tampoco para evitar que las prácticas que generaron tales vulneraciones se preserven y repliquen en dicho cuerpo de seguridad.
Asimismo, destacó que otro de los puntos que preocupan en la inicativa, es que no se establece como tal, cómo y cuándo se van a desarrollar a las policías civiles sin tinte militar, así como cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando.
González Pérez insistió en que, se está marcando una ruta para militarizar áreas que hasta ahora han sido reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece una en sentido contrario, por lo que, dijo, la naturaleza y características híbridas de la Guardia Nacional que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación.
“Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que, reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, se prevea una ruta para corregir las deficiencias, desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Eventualmente, esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden”, puntualizó.