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GUADALAJARA, Jal., 04 de noviembre de 2018.-El Gobierno del Estado renunció a solucionar el problema del transporte público al permitir un eventual aumento en la tarifa de 7 pesos a 9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de 10 pesos en Puerto Vallarta, lamentó la investigadora del Centro de Investigaciones de Medio ambiente y Ordenación Territorial, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, Adriana Olivares González.
“Es una manera de decir ‘tiró la toalla’, y que lo resuelva el gobierno que viene. Esa es la interpretación que le podemos dar. Sí son muchos los aspectos que se quedan pendientes: se había dicho que habría mejoras y que iban a evaluar a cada ruta, pero no observamos que haya un buen manejo en las condiciones de la movilidad, e incrementar la tarifa nos deja a todos estupefactos”,
La especialista en movilidad urbana y espacio público aseguró que es “raro” que se imponga una nueva tarifa cuando los problemas de movilidad y del transporte público aún son evidentes. Aunque realizaron modificaciones en cuanto a que algunos autobuses son de reciente modelo, a la implementación de la tarjeta única de pago y a la capacitación que han recibido los choferes, aún falta resolver otros problemas y no se observa una mejora general.
“El transporte en Jalisco tiene las mínimas condiciones de calidad para circular de manera medianamente segura, y con el nuevo aumento de la tarifa parece que nos están dando atole con el dedo, no hay justificación”.
Para la académica el modelo de ruta-empresa que pretendía el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no logró consolidarse, debido a que no tuvo “una gestión política exitosa” y porque las empresas transportistas “todavía tienen mucho poder”; por ello, sólo algunas rutas pudieron transitar a este modelo, pese a que el Estado pudo haber ejercido su autoridad para hacerlos cumplir con los requisitos.
“Tampoco su Estado está ejerciendo su capacidad y responsabilidad para cuidar a los ciudadanos y vigilar su seguridad, el medio ambiente, la calidad de los servicios públicos. Se renunció a eso frente a la fuerza política que todavía tienen los concesionarios del transporte, y lo que al principio parecía una medida positiva, no se concluyó”.
Agregó que aunado a ello no hay un plan de movilidad consolidado y de largo plazo que permita tener la certeza de que habrá corredores de transporte masivo que considere otros tipos de transporte colectivo, el sistema multimodal y la movilidad no motorizada.
Dijo que el reto para el gobierno estatal entrante, que encabezará Enrique Alfaro Ramírez, será primero no cambiar el nombre a la Secretaría de Movilidad para que sus funciones no estén sólo enfocadas en la gestión y regulación del transporte, además de generar un plan integral de movilidad sostenible que permita saber qué acciones estratégicas se van a implementar en los próximos 30 o 40 años para lograr una ciudad con una movilidad más amable con las personas y la economía.
Sugirió, además, tener un sistema de indicadores que midan la evolución del modelo de movilidad de la ciudad, además de la integración modal que incluya al automóvil, la bicicleta y zonas peatonales como formas de moverse por la ciudad.