Congreso estatal pide plan integral tras violencia del 22 de febrero

GUADALAJARA, Jal., 26 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un exhorto dirigido a los gobiernos estatal y federal para que diseñen un plan integral de atención a las personas afectadas por los hechos de violencia registrados el 22 de febrero en distintos municipios de la entidad.

Durante sesión extraordinaria, el Pleno avaló solicitar a ambos niveles de Gobierno la creación de una estrategia que permita identificar daños y atender necesidades en materia patrimonial, salud física y psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad.

El acuerdo también plantea que se gestionen recursos y se activen los mecanismos previstos en la Ley General de Víctimas para garantizar apoyo a quienes resultaron afectados.

Entre los puntos centrales está la elaboración de un padrón y un censo general de personas y bienes dañados en los municipios impactados, con información de dependencias federales, estatales y municipales, a fin de dimensionar las afectaciones y definir acciones concretas.

Además, la Junta de Coordinación Política del Congreso manifestó su disposición para sostener mesas de trabajo con representantes de los Ejecutivos estatal y federal, y propuso que se convoque a presidentes municipales para coordinar la integración del censo.

Reforma para facilitar indemnizaciones

En la misma sesión, las y los diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios con el objetivo de hacer más sencillo y rápido el procedimiento para que la ciudadanía reclame indemnizaciones cuando sufra daños por actuación irregular de autoridades.

La reforma contempla reducir trámites, acortar plazos de resolución y establecer que la interpretación de la ley se realice en favor del ciudadano. También define con mayor claridad qué se considera actividad administrativa irregular en materia de seguridad pública y prevé la creación de un fondo para atender reclamaciones menores.

Con estas medidas, el Congreso busca que la reparación del daño sea más accesible y efectiva para las personas afectadas.