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GUADALAJARA, Jal., 28 de enero de 2026.- El Congreso del estado de Jalisco aprobó en segunda lectura una reforma a la Ley de Salud orientada a fortalecer las acciones de prevención, atención y registro de embarazos en niñas y adolescentes, como parte de una estrategia para atender esta problemática desde un enfoque de salud pública y protección de derechos.
La iniciativa, presentada por las diputadas Adriana Medina Ortiz y Montserrat Pérez Cisneros, busca cerrar vacíos legales que han dificultado la atención especializada y la generación de información precisa en casos de embarazo infantil y adolescente, así como reforzar la prevención de la violencia sexual.
Entre los principales cambios, la reforma establece la obligación de que el Sistema Único de Información de Salud incluya de manera específica el rubro de embarazos en menores de edad, lo que permitirá contar con estadísticas oficiales desagregadas para identificar zonas de mayor incidencia y diseñar acciones focalizadas en materia de salud y seguridad.
El dictamen parte de un análisis del contexto estatal. De acuerdo con datos oficiales, municipios como Chimaltitán, Zapotlán y Cuautla registran porcentajes de nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años que superan el 24 por ciento del total. Además, durante los años 2020 y 2021 se documentaron nacimientos en niñas de hasta nueve años de edad en la entidad.
La reforma también establece obligaciones para las autoridades de salud en materia de atención materno-infantil especializada y eleva a rango de ley la educación obligatoria sobre salud reproductiva, prevención del embarazo en niñas y adolescentes, así como la detección y prevención del abuso sexual infantil.
Con estas modificaciones, Jalisco busca avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que plantea como meta la erradicación de nacimientos en niñas menores de 15 años para el año 2030.
El dictamen forma parte de una serie de acciones legislativas encaminadas a reforzar los mecanismos de protección para niñas y adolescentes en el estado, en coordinación con otras disposiciones legales vigentes.