Siempre vamos a apoyar a Michoacán: Claudia Sheinbaum
GUADALAJARA, Jal., 2 de julio de 2020.- El delegado federal que opera los programas oficiales de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Armando Zazueta, y el subdelegado Marco Gutiérrez, manejan a discreción y sin transparencia los apoyos gubernamentales, acusó la funcionaria federal y empleada de la dependencia, Angélica Eusebio Guzmán, quien da seguimiento a personas y vulnerables.
«Ellos manejan a su modo la Secretaría de Bienestar en Jalisco, no cumpliendo reglas como respetar y cumplir un horario oficial, haciendo indicaciones verbales, nada oficial nada por escrito, nada firmado, no hay nada transparente», afirma ante medios locales, Eusebio Guzmán.
En su caso la funcionaria pública federal señala que es víctima de una «cacería de brujas» de Zazueta, quien se ha dedicado a retirar a los también llamados Servidores de la Nación que llegaron a su cargo al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Están manejando diferentes formas para retirar a los Servidores de la Nación de sus cargos, a unos les dicen que por simular trabajo, a otros les dicen que por haber ido a revisar centros fuera de su zona, pero no existe un papel por escrito que establezcan las reglas de operación, no hay nada claro; en mi caso particular, dos personas arbitrariamente y sin identificación llegaron hasta mi domicilio y me hicieron del conocimiento que desde ese momento dejaba de ser Servidora de la Nación, que me iban a cerrar el acceso al sistema de trabajo; lo cual fue de palabra, afortunadamente aun puedo acceder al sistema…fue una práctica irregular de presión», afirmó.
Pero a Zazueta que inició su encargo el 15 de agosto también le persigue un escándalo de nepotismo pues el semanario Proceso publicó que el funcionario federal metió en la nómina, entre otros allegados, a su pareja, Ivón Guadalupe Mercado.
Además en tiempos de Covid-19, el delegado federal ha sido criticado por las fallas continúas en su operación pues adultos mayores han tenido que hacer largas filas por horas para recibir sus programas de apoyo, lo que les obliga a que rompan el protocolo federal de sana distancia e implica un riesgo mayor de contagio.