PAN impulsa sanciones para quienes obstaculicen el trabajo periodístico

GUADALAJARA, Jal., 9 de Mayo  2016.- Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa en defensa de la libertad de prensa, esta consiste en crear un capítulo en el Código Penal del Estado en el que se incluyan sanciones para aquellos que repriman, intimidan u obstaculicen el trabajo periodístico.

En dicha propuesta se contempla incrementar las sanciones que se deriven de la desaparición forzada de  cualquier trabajador de medios de comunicación hasta por 40 años  más un tercio de cárcel, por tortura contra periodistas se establecen hasta 12 años más un tercio, por amenazas un año más un tercio, lesiones calificadas u homicidio hasta 40 años de prisión.

El coordinador de la bancada panista, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra manifestó que con estas acciones se busca proteger la libertad de expresión y castigar a quienes pretendan ejercer violencia contra los periodistas del estado.

Refirió que nuestro país es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, ya que la libertad de prensa se enfrenta a amenazas, acoso, e intimidación constantes, señaló:

«Según cifras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2010 y 2015 en México fueron asesinados más de 55 periodistas. A su vez los datos anunciados hace unos días por la organización internacional «Artículo 19″ son categóricos y preocupantes: en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, se han registrado mil 142 agresiones contra periodistas, de las cuales, al menos 20 se han materializado en asesinatos. Tan solo en 2015 se reportaron 397 casos de agresión contra periodistas en México».

Monraz Ibarra indicó que Jalisco es parte de los 20 estados que aún no cuentan con sanciones dentro del código penal del estado para inhibir la violencia en contra de los comunicadores, por ello, impulsan esta propuesta tomando como ejemplo las disposiciones que ya fueron establecidas en legislaciones de estados como Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California y Coahuila para construir un marco legal que garantice el derecho de libertad de prensa.