Presentan programa del Maratón Internacional Guadalajara
GUADALAJARA, Jal., 12 de abril de 2016.- La resolución de más de 300 solicitudes de juicio político y desafuero o declaratoria de procedencia en contra de servidores públicos de alto nivel que tiene la Cámara de Diputados desde hace 12 años, permanece atorada porque los legisladores no se ponen de acuerdo en el reparto de lugares para cada una de las fuerzas políticas representadas en el recinto.
De acuerdo con algunos legisladores, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no se ha llegado a un acuerdo entre los coordinadores de las bancadas, sobre si los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) deben ocupar siete de 14 espacios que requiere la subcomisión de examen previo, encargada de revisar los expedientes y calificar los documentos presentados por los solicitantes.
Mientras el Partido de Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Panal se quedarían con el resto de los lugares, lo que de acuerdo con los partidos de oposición, es una ventaja para el PRI, ya que algunos señalan que ese partido tendría verdadera mayoría sumando las posturas de PVEM y Panal.
Lo anterior, de acuerdo con la fracción parlamentaria de MC se prestaría para “hacer un lavadero de solicitudes” y alentaría algunas otras que pudieran “considerarse enemigos”.
Debido a la falta de coordinación en la Jucopo, procesos de juicio político en contra de gobernadores en función y ex jefes del ejecutivo estatal de estados como Veracruz, Estado de México y Nuevo León. De la diputada del Sinaloa, Lucero Sánchez; así como de otros funcionarios de primera línea que aparecen en las solicitudes.
Por su parte, integrantes de la fracción perredista han señalado el envío de peticiones a la presidencia de la comisión jurisdiccional a la que pertenece el examen de análisis, para la integración de éste; asimismo la bancada de MC, señalo haber insistido en el tema con la priísta Sandra Mendez.
Legisladores urgieron a la creación de la subcomisión con lo que quedarían habilitados los procesos siguientes para la sección instructora de la comisión.