Reportan despliegue de fuerzas federales al norte de Culiacán
GUADALAJARA, Jal., 30 de marzo de 2016.- El regidor del ayuntamiento de Zapopan, Xavier Marconi Montero, destacó la falta de control de los elementos policiacos y los vehículos oficiales, al interior de la Comisaría General de Seguridad Pública y de la propia presidencia municipal, en referencia a la utilización de recursos materiales y humanos de origen público para grabar el video musical del cantante Gerardo Ortiz.
En este sentido, Marconi Montero, informó que se hizo una solicitud a la comisaría municipal para que se abra una investigación en la Dirección de Asuntos Internos, “y que de ahí suba a la Comisión de Honor y Justicia con el fin de determinar si los elementos que participaron en dicha filmación actuaron fuera de reglamento o hubo intervención de un mando medio”, ya que aclaró, que el comisario Roberto Alarcón Estrada, informó mediante un oficio la negativa de la autorización a la casa productora para utilizar a los efectivos y unidades de la coorpoación.
También de manera interna, el regidor presentó una solicitud a la Contraloría General para que inicie una investigación paralela a la de asuntos internos. Además de que se revisa si las unidades y elementos pudieron haber salido del grupo de apoyos gratificados que pertenece a la comisaría zapopana.
En lo que concierne a la jurisdicción estatal, el síndico del ayuntamiento, José Luis Tostado Bastidas, señaló que levantaría una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), según dijo el regidor, “para que aclare si (los productores) utilizaron indebidamente insignias, vehículos y uniformes de la policía en el video, o si hubo desvío y utilización de recursos públicos por parte de funcionarios”.
Por un lado, el capítulo séptimo del Código Penal de Jalisco en el artículo 170 señala que las sanciones por el uso indebido de uniformes e insignias oficiales, van de un mes a tres años de prisión y una multa de 100 a 300 salarios mínimos.
Mientras que por el desvío y uso de recursos públicos, la sanción es el retiro definitivo del cargo y la destitución permanente del servicio público.