Visión Financiera 

Nuevo León, entre hectáreas y sospechas

Desde que asumió la gubernatura de Nuevo León en 2021, Samuel García ha intentado posicionarse como un político moderno, eficiente y transparente. Sin embargo, esa imagen ha comenzado a desdibujarse ante los diversos cuestionamientos que han surgido durante su administración. Uno de ellos, que sigue generando inquietud pública, es el caso de un polémico proyecto inmobiliario en San Pedro Garza García, una de las zonas de mayor plusvalía en el país.

El predio en cuestión abarca casi 18 hectáreas y se encuentra en la exclusiva zona de Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García. Su valor, según estimaciones de expertos inmobiliarios, oscila entre 700 millones y mil millones de pesos. Más allá de su tamaño y ubicación privilegiada, lo que más ha encendido las alarmas es la falta de transparencia en torno a su adquisición, lo que ha derivado en señalamientos por posibles conflictos de interés vinculados al gobernador García.

La propiedad, registrada a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, fue adquirida en abril de 2023. Esta empresa pertenece al propio gobernador y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. El mandatario ha afirmado que no fue una compra directa, sino una “dación” de pago por parte de Grupo Gentor, derivada de servicios jurídicos ofrecidos por el despacho de su padre. No obstante, el hecho de que el mismo gobernador forme parte del despacho que habría recibido dicha compensación alimenta suspicacias que hasta ahora no han sido debidamente aclaradas.

Las dudas aumentaron cuando se conoció que la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León otorgó una autorización de impacto ambiental en un tiempo inusualmente breve: apenas 15 días, cuando el proceso puede tomar hasta 90. El responsable de firmar esta autorización fue Eduardo Villanueva Garza, quien ocupaba entonces la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental. Lo llamativo es que Villanueva fue designado poco después como delegado de la Profepa en el estado, en sustitución de Zulma Espinoza, quien dejó el cargo tras apenas un mes por razones que no se han transparentado.

El nombramiento de Villanueva ha sido criticado por legisladores como los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, quienes señalaron hace unos días que la cercanía del nuevo delegado con la administración estatal podría comprometer su imparcialidad en temas ambientales. Aunque el gobernador no ha respondido directamente a estos señalamientos, la percepción de que sus intereses personales se entrelazan con decisiones de política pública gana terreno.

Por su parte, el municipio de San Pedro, aún bajo la gestión de Miguel Treviño, rechazó el permiso solicitado por SAGA para iniciar la construcción de la residencia con el argumento de que la empresa no entregó los estudios de impacto ambiental requeridos, ni en tiempo ni en forma. La negativa no implica un cierre definitivo: la empresa puede volver a presentar el trámite, lo que genera especulaciones sobre si esperarán un entorno político más favorable, como el eventual arribo de Mauricio Fernández a la alcaldía.

Como si esto no bastara, en diciembre de 2024 trascendió que Samuel García y su padre habrían adquirido un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, colindante con Linares, Nuevo León. Su valor, según estimaciones inmobiliarias, alcanzaría los 800 millones de pesos. La operación, no exenta de opacidad, reavivó el debate sobre el origen de los recursos y el papel de empresas cercanas al gobierno estatal, como la constructora Garza Ponce, en las finanzas de la familia García.

Este cúmulo de propiedades, trámites exprés y silencios oficiales configura un relato incómodo para quien pretende consolidarse como una figura política nacional. Samuel García ha querido construir una imagen fresca y disruptiva. Pero si no se deslindan responsabilidades ni se transparentan estas operaciones, corre el riesgo de convertirse en otro actor más del viejo guión político mexicano, donde el poder público y el interés privado caminan demasiado cerca.

**$ Intereses disfrazados

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que detrás de la campaña contra el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, operan intereses políticos con fines de desestabilización, más que una auténtica exigencia ciudadana. 

La mandataria federal cuestionó la legitimidad del movimiento y señaló que varios de sus impulsores, entre ellos, exlegisladores panistas cercanos al gobernador Américo Villarreal Anaya, tales como Humberto Prieto Herrera, señalado por presunto enriquecimiento ilícito, intentan generar conflictos internos en gobiernos locales aliados. 

Peña Ortiz respondió que su administración mantiene una gestión ordenada y dentro del marco legal. Detalló que Reynosa destina solo el 19.43 por ciento de su presupuesto a nómina, el porcentaje más bajo entre los municipios de Tamaulipas, en contraste con otros que superan el 34 por ciento. 

Esa eficiencia presupuestaria, afirmó, ha permitido canalizar mayores recursos hacia programas sociales y obra pública. En medio del ruido político, las cifras del alcalde y el respaldo presidencial apuntan a una narrativa que contrasta con la ofensiva en su contra.

*** 4YOU: blindaje digital

TOME NOTA *** Mientras en México los ciberataques crecieron más de 70 por ciento en el último año —según datos de Checkpoint—, seguimos sin una legislación específica que proteja a los usuarios del entorno digital. Un dato preocupante si se toma en cuenta que la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos ubica en fase de desarrollo y expansión de capacidades tecnológicas, lo que indica que somos un blanco fácil. 

Ante este vacío, empresas como Silent4Business, que dirige Layla Delgadillo, han asumido el papel que debería corresponder al Estado. Desde ahí se impulsa ‘4YOU’, una plataforma que monitorea en tiempo real comportamientos inusuales y amenazas digitales, ayudando a contener acoso, ciberbullying y otras formas de violencia. 

Además, la firma colabora con instituciones públicas y privadas —dentro y fuera del país— para empujar un marco normativo. Porque mientras no haya ley, el blindaje digital depende más de la IP que del interés público.