Visión Financiera 

Black Hawk, bajo revisión

El desembolso de 170 millones de pesos para la compra de un helicóptero Black Hawk por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), dependencia a cargo de Cristóbal Castañeda Camarillo, ya está bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Aureliano Hernández Palacios.

La investigación busca determinar si en la operación existieron irregularidades administrativas o posibles afectaciones al patrimonio público. De acuerdo con información de medios nacionales la aeronave de la década de 1980 y con la matrícula XC-PEM, fue presentada el 22 de junio de 2026 como de última generación, por parte de autoridades mexiquenses. 

Sin embargo, la aeronave fue sometida a un proceso de remanufactura, por lo que el monto pagado no pasó desapercibido y, de entrada, llama la atención por lo elevado. Lo que salta a la vista es que un Black Hawk nuevo puede alcanzar entre 15 y 20 millones de dólares, de ahí que el costo de la operación obligue a poner sobre la mesa si realmente corresponde con la antigüedad, las características y las condiciones de la aeronave adquirida.

La investigación quedó asentada en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF habría solicitado a Castañeda Camarillo documentación relacionada con 19 puntos de la operación, mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026. 

Entre los puntos que están bajo revisión figuran las condiciones establecidas en el contrato y, desde luego, las características de la aeronave adquirida. 

Pero en esta operación también aparece el nombre del ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah, señalado como intermediario de la compra, quien además cuenta con antecedentes en operaciones relacionadas con tecnología de seguridad y que, además, ha sido vinculado con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El siguiente paso corresponde a la ASF, que deberá determinar mediante la documentación y las diligencias correspondientes, si existieron responsabilidades administrativas o algún daño al patrimonio público. 

La investigación no es un trámite menor, pues de confirmarse posibles irregularidades, el expediente podría desembocar en sanciones administrativas o incluso llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Ernestina Godoy. Por ahora, se trata de una indagatoria en curso, por lo que, ninguna de las posibles irregularidades constituye una determinación de responsabilidad.

*** BC en el aire, Palacio revisa sus cartas

La definición de Morena en Baja California entró en una zona que pocos esperaban. Cuando parecía que el proceso comenzaba a perfilar nombres y que la sucesión avanzaría sobre una ruta relativamente previsible, desde el centro habría llegado una señal distinta: no hay nada resuelto. Y eso cambia todo.

Las versiones que circulan dentro del movimiento apuntan a que la presidenta Claudia Sheinbaum no estaría completamente convencida de los perfiles que durante meses se presentaron como los supuestos punteros de la contienda: Ismael Burgueño y Julieta Ramírez.

Ambos tienen algo en común además de sus aspiraciones: pertenecen al grupo político construido alrededor de la gobernadora Marina del Pilar.

También han contado con una intensa exposición pública y una operación política que durante meses buscó instalar la idea de que la candidatura terminaría necesariamente en alguno de ellos. Pero una cosa es posicionarse y otra muy distinta convencer.

Julieta Ramírez enfrenta una pregunta inevitable: si a sus 31 años cuenta ya con la experiencia ejecutiva necesaria para gobernar uno de los estados más complejos y estratégicos del país. Su cercanía con Marina del Pilar y Adán Augusto López y su trayectoria política le han permitido crecer rápidamente, pero precisamente esa velocidad podría estar jugando en su contra al momento de evaluar quién puede conducir Baja California durante los próximos seis años.

El caso de Ismael Burgueño es diferente. Su problema no estaría en la edad ni en la experiencia, sino en los cuestionamientos e investigaciones judiciales que han rodeado su nombre y que podrían representar un costo innecesario para Morena en una elección donde la oposición seguramente buscará explotar cualquier flanco vulnerable. Por eso el tablero se estaría moviendo.

Y cuando el tablero se mueve desde Palacio Nacional, hay que observar quién comienza a aparecer. Ahí entran Alfredo Álvarez Cárdenas y Eva Moreno.

Dos perfiles distintos, pero con una característica que hoy podría resultar determinante: ambos pueden representar una alternativa fuera de la lógica de continuidad automática del grupo político de Marina del Pilar y con mayor margen para construir una candidatura identificada directamente con el proyecto de Claudia Sheinbaum.

Alfredo Álvarez aporta experiencia política, conocimiento del estado y una trayectoria vinculada al movimiento. Eva Moreno, por su parte, aparece como un perfil que podría encajar en la renovación que busca impulsar la Presidenta.

La discusión, entonces, ya no sería únicamente sobre quién aparece mejor colocado en una encuesta. La pregunta de fondo es otra: ¿Quién le garantiza a Claudia Sheinbaum gobernabilidad, confianza, ética y continuidad de su proyecto en Baja California?

Porque la candidatura de Morena no solamente definirá quién competirá por la gubernatura. También determinará quién tendrá en sus manos uno de los estados política, económica y geográficamente más estratégicos para el gobierno federal. Y bajo esa lógica, la decisión adquiere otra dimensión.

El grupo de Marina tiene sus cartas: Burgueño y Julieta. Pero Palacio tendría las propias: Alfredo Álvarez y Eva Moreno. Por eso el silencio alrededor de Baja California comienza a decir más que cualquier anuncio. Si todo estuviera decidido, probablemente la definición ya habría avanzado. No ocurrió.

Y mientras la candidatura permanezca abierta, quienes durante meses fueron presentados como inevitables tendrán que demostrar que realmente lo eran. Porque en política hay momentos en los que no avanzar también es una decisión.

Y en Baja California, el freno podría estar anunciando un cambio de ruta.

*** Martinez Araiza, herencia de saqueo

El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), integrado por 17 mil trabajadores padece el más descarado saqueo de su patrimonio y de sus recursos monetarios por parte del dirigente espurio, Alejandro Martínez Araiza y su familia.

Miembros del SNAC denunciaron que, de manera descarada, Martínez Araiza no informa cual es el destino del patrimonio de la agrupación, que tan sólo en cuotas sindicales, asciende a más de 500 millones de pesos, con lo cual viola sistemáticamente el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, que lo obliga a informar sobre los bienes de la agrupación.

Es un misterio para los obreros cuál es el sueldo que se paga a si mismo este personaje, pero su enriquecimiento ilícito e inexplicable contrasta con el empobrecimiento que sufren la mayor parte de los afiliados al SNAC, quienes exigen que Martínez Araiza sea investigado por las autoridades competentes por el desvío de recursos del sindicato.

El secretario general despacha en oficinas de lujo ubicadas en la exclusiva Torre Omega, ubicadas en Campos Elíseos, número 345, colonia Polanco, de la Ciudad de México, cuya renta puede ascender a 24 mil dólares mensuales, equivalentes a 407 mil 280 pesos al tipo de cambio actual, de acuerdo con información del sector inmobiliario.

Por lo que respecta a la sede del SNAC, su padre Marco Antonio Martínez, quien asumió la secretaría general en 2014, vendió en 11 millones de pesos el edificio sindical de la calle de Héroes, colonia Guerrero, para comprar un inmueble en la calle Nueces, colonia Nueva Santa María, que pagó en 4 millones de pesos y se quedó con el resto del dinero.

Información de trabajadores señala que Marco Antonio registró a su nombre el edificio de Nueces y se lo rentó al SNAC en 100 mil pesos mensuales, en un negocio redondo para él. Cuando asumió la dirigencia Alejandro, en 2019, compró otro inmueble en Yuca, número 192, colonia Nueva Santa María, para supuestas oficinas del sindicato, que nunca se ocuparon y entonces alquiló las lujosas oficinas en la Torre Omega.

A lo anterior se sumó el pago de 50 mil pesos mensuales de renta con dinero del sindicato, de una lujosa casa en Las Lomas de Chapultepec, que sirven como bodega para instrumentos musicales de Alejandro, como parte de su fracasado intento de tener éxito en el medio artístico.

Entre los viajes injustificados de Alejandro Martínez Araiza al extranjero, se encuentran los cinco realizados por él y miembros de su Comité Ejecutivo Nacional a Estados Unidos y Canadá, para supuestamente participar en conversaciones sobre la renegociación del T-MEC, que no cumplieron ese objetivo, pero sí generaron un gasto aproximado de 4 millones de pesos, que no han sido justificados.

Otra fuente de enriquecimiento de Martínez Araiza es la obtención de recursos de los 17 mil trabajadores del SNAC, por medio de una plataforma digital en la cual les vende servicios y productos diversos a sobre precio, lo que representa una moderna tienda de raya, que le significa ganancias personales para él por 51 millones de pesos anuales.

Esta es una historia de robos, desvío de recursos y abusos, cometidos por la familia Martínez, especialmente desde que su padre, Marco Antonio, asumió el liderazgo del SNAC en 2014 y se acrecentó con el actual dirigente, situación que debe concluir con la cancelación de su toma de nota por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral  (CFCRL), entidad encargada de regular la vida de los sindicatos en el país

**" La partida azul de 2030 

Aunque 2027 todavía no está resuelto, en el PAN capitalino ya habría quienes juegan una partida más larga. Nos cuentan que América Rangel comienza a aparecer en esos movimientos y que detrás de su operación estaría Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez. 

La versión que corre entre panistas apunta a que Mendoza buscaría fortalecer el camino de la diputada local en Miguel Hidalgo, pero con la mirada puesta también en 2030. De acuerdo con versión al interior de la bancada azul, el objetivo sería restarle margen a Mauricio Tabe, actual alcalde de esa demarcación, quien desde hace tiempo construye una proyección que rebasa las fronteras de la alcaldía y cuyo nombre aparece entre los posibles aspirantes a la Jefatura de Gobierno. 

Aunque esta alianza no es pública, algunas voces cuentan que el movimiento ya llamó la atención dentro del partido. Si algo queda claro es que la sucesión de 2027 podría terminar convertida en el primer tablero de una disputa mucho mayor.

*** Rumbo y esperanza

TOME NOTA *** Luego de que este 1 de septiembre Claudia Sheinbaum Pardo rindiera su segundo informe de gobierno, Ulises Mejía Haro, legislador zacatecano con licencia, no dudó en resaltar los avances en la recuperación del salario, derechos sociales, educación, infraestructura, inversión, desarrollo económico y soberanía nacional, que permiten al país mantener estabilidad y avanzar frente a un escenario internacional complejo.

 En este contexto, puso especial énfasis en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el crecimiento sostenido del salario mínimo y una política social que amplía derechos mediante pensiones, becas y apoyos que llegan directamente a millones de hogares mexicanos, además de las inversiones en infraestructura, educación y proyectos estratégicos, así como el impulso al desarrollo nacional y al fortalecimiento del mercado interno. 

Aquí cabe resaltar que México dialoga, coopera y construye acuerdos y a dos años de gobierno de Sheinbaum Pardo, el país tiene resultados, rumbo y esperanza.