Visión Financiera

Desafíos en proceso de licitación del IMP

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que dirige Elizabeth Mar Juárez, ha generado expectativas con el proceso de licitación para el arrendamiento de 280 vehículos, en una operación que tiene un valor máximo de 239 millones de pesos. Este contrato tiene como objetivo el suministro de unidades para el transporte de personal y apoyo en actividades administrativas y de campo.

Las nuevas patrullas, tanto tipo pick-up doble cabina como sedán, serán clave para fortalecer las capacidades operativas del IMP, un ente que necesita de este tipo de recursos para continuar con sus funciones en el contexto de la industria energética. Con un plazo de 28 meses para el arrendamiento, el proceso parece ser una oportunidad importante para la renovación de su parque vehicular.

Sin embargo, el proceso de licitación suscitó controversias debido a la participación de empresas que han estado en el centro de escándalos relacionados con la corrupción y el incumplimiento de contratos en el pasado. Empresas como Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez, y Casanova Vallejo, dirigida por los hermanos Echenique, tienen un historial de problemas legales y sanciones.

Jet Van Car, que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador debido al incumplimiento de un contrato con el Servicio de Protección Federal, busca ahora ser parte de este proceso, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia en su participación en las licitaciones públicas.

Además, Casanova Vallejo, aunque también inhabilitada por irregularidades en el sector de salud, se reincorporó a los contratos públicos tras varios recursos judiciales. Su historial ha incluido acusaciones graves como la renta de ambulancias con sobreprecios al ISSSTE, lo que generó una extensa polémica.

Más recientemente, la empresa fue señalada por su participación en un esquema de triangulación relacionado con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en un contrato de más de 171 millones de pesos. Estos antecedentes plantean serias dudas sobre la idoneidad de empresas con tales antecedentes para participar en un proceso licitatorio tan relevante.

El entorno regulatorio también ha sido un factor crítico en esta licitación. El fallo de la misma, inicialmente previsto para finales de julio, fue reprogramado para agosto debido a la falta de una evaluación concluyente de las propuestas.

Este retraso podría reflejar la complejidad de la adjudicación, especialmente al enfrentar la presión de garantizar la transparencia en un proceso que involucra sumas tan grandes de dinero. Este tipo de demoras puede generar desconfianza entre los licitantes y la opinión pública, que observa de cerca cómo las autoridades toman decisiones en un contexto tan delicado.

La participación de empresas con antecedentes de irregularidades subraya la necesidad de un sistema de licitación más robusto y con mayores medidas de control. En este sentido, tanto el Instituto Mexicano de Petróleo, como Pemex que lleva Víctor Rodríguez Padilla, y las autoridades involucradas, deben garantizar que la adjudicación de contratos como este no solo se base en el precio, sino en el cumplimiento de los estándares de calidad y transparencia que aseguren que el dinero público se gaste de manera responsable.

La falta de un historial limpio para algunas de las empresas participantes plantea un dilema sobre la efectividad de los controles internos que se utilizan para evaluar a los licitantes. Las empresas como Jet Van Car y Casanova Vallejo pueden ofrecer precios competitivos, pero su implicación en escándalos previos debería levantar alertas sobre su fiabilidad y capacidad para cumplir con los términos de un contrato tan crítico.

Esto resalta la importancia de una evaluación exhaustiva no solo del aspecto técnico, sino también de la integridad y el compromiso ético de las empresas.

Es fundamental que el IMP, al igual que otras instituciones gubernamentales, mantenga un enfoque riguroso y transparente en la adjudicación de contratos. La utilización de recursos públicos en licitaciones de esta magnitud debe ser un proceso transparente, donde se garantice que la selección se realice de manera equitativa y sin favoritismos, protegiendo la integridad de las finanzas públicas y del sistema de contratación.

• Juventud y deporte, juntos por la paz

TOME NOTA * El IMJUVE, de Abraham Carro Toledo, y la CONADE, que dirige Rommel Pacheco están uniendo esfuerzos para convocar a miles de jóvenes mexicanos a la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, un evento que promete ser un referente en la promoción de valores como la convivencia, la salud y la paz.

Esta iniciativa, que se llevará a cabo el próximo 10 de agosto en todo el país, se enfoca en el fomento del deporte y en la construcción de una cultura de paz entre las nuevas generaciones. Con la participación activa de instituciones clave como la Secretaría de Bienestar, el IMSS Bienestar y los Centros de Integración Juvenil, la Rodada y Carrera representa un esfuerzo conjunto para generar conciencia sobre los riesgos de las adicciones y promover un estilo de vida saludable.

A través de este evento, el IMJUVE coloca a la juventud como un agente de cambio en sus comunidades, invitando a los jóvenes a formar parte de una actividad colectiva que refuerza la importancia de la colaboración y la inclusión.

• Dudas en compras de SEDENA

En este espacio informamos sobre los señalamientos e inconformidades que desató el hecho de que otra vez la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA), volviera a ser la ganadora de un millonario contrato en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al mando de Ricardo Trevilla Trejo.

Esta dependencia otorgó otro contrato a la proveedora de equipo e insumos médicos, que dirige Nelly Guevara Garibay, que tan sólo en lo que va del año ya acumula más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma opaca.

El último contrato corresponde a la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 por un monto de alrededor de 530 millones de pesos. Llama la atención que los resultados se dieron a conocer en la madrugada bajo un nuevo criterio que parece inclinar la balanza en favor de la citada empresa. Ante esto, en el sector esperan el actuar de Raquel Buenrostro y su equipo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.