Visión Financiera

Tarjetas sociales, licitación en duda

La estrategia social anunciada por el gobierno de Morelos con el programa Corazón de Mujer ha quedado envuelta en un proceso de contratación cuestionable. La dispersión de tarjetas que prometen brindar apoyo a mujeres mayores arrancará antes de que concluya el fallo oficial de la licitación. 

Este movimiento se alinea con una práctica preocupante: apresurar la entrega de beneficios con fines mediáticos, incluso cuando las bases de la contratación están todavía por resolverse. Servicios Broxel, la única empresa que sigue en la contienda, quedó como virtual ganadora tras la descalificación de sus competidoras, a pesar de no haber ofrecido mejores condiciones económicas para el erario.

El caso de Toka Internacional, descartada por presentar una certificación ISO válida pero no actualizada a la última versión, pone en evidencia un exceso de tecnicismos que restringen la competencia. Esta firma incluso ofreció bonificaciones, lo que hubiera representado ahorros para el estado. 

No obstante, su exclusión abrió paso libre a una asignación que podría costarle al erario casi cuatro millones de pesos en comisiones. Resulta contradictorio que un programa social, que busca dignificar la vida de las mujeres, se construya sobre un proceso donde la libre competencia y el principio de eficiencia pública parecen haber sido marginados.

Más allá del nombre del programa, las condiciones que rodean su implementación deberían responder a estándares claros de transparencia y legalidad. La Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica son explícitas al garantizar la libre concurrencia y sancionar prácticas monopólicas. 

Sin embargo, en este proceso se vislumbran decisiones administrativas que, por omisión o diseño, beneficiaron a una sola empresa. Excluir a potenciales competidores por no tener certificaciones en sus versiones más recientes, aunque vigentes, parece más una medida para restringir que para garantizar calidad.

Es preocupante que los mecanismos de control no se activen de manera efectiva frente a este tipo de procesos. Las dependencias responsables, incluyendo a la Secretaría de la Contraloría y a las áreas técnicas involucradas, parecen más interesadas en legitimar el resultado que en supervisar con rigor la legalidad del procedimiento. 

La participación de funcionarios con cargos clave no ha servido para elevar el estándar de revisión, sino para mantener una narrativa institucional que celebra la entrega de tarjetas sin resolver los cuestionamientos de fondo.

La figura de Clarisa Gómez Manrique, titular de la Secretaría de las Mujeres, queda en entredicho ante un proceso que privilegia la forma sobre el fondo. La entrega anticipada de plásticos, justo antes del fallo, dibuja una urgencia que no tiene justificación si no es electoral o propagandística. A su vez, la gobernadora Margarita González Saravia corre el riesgo de ver su política social empañada por una ejecución deficiente que compromete la credibilidad de su administración. Un programa bien intencionado no puede estar al margen de la rendición de cuentas.

El combate a la desigualdad de género no debería operar bajo estructuras que reproducen prácticas opacas. Si lo que se busca es brindar bienestar y reconocimiento, como lo declara el boletín oficial, ese propósito debe acompañarse de procesos administrativos ejemplares. Cualquier atajo, por pequeño que sea, erosiona la legitimidad de las políticas públicas y deja espacio para la sospecha. En momentos donde la ciudadanía exige integridad institucional, omitir esos valores resulta más costoso que cualquier posible ahorro mal ejecutado.

Morelos tiene en sus manos la oportunidad de marcar una diferencia en la forma de implementar programas sociales. Pero eso sólo será posible si el poder público respeta sus propias reglas, garantiza piso parejo a los competidores y vela por el uso eficiente de los recursos. La justicia social no puede cimentarse sobre procesos turbios ni decisiones que favorecen a los de siempre bajo el disfraz de ayuda pública.

*** Plástico, motor de innovación industrial

La industria del plástico continúa como pieza clave en múltiples sectores, especialmente en el alimentario, donde permite conservar productos por más tiempo y reducir desperdicios. Su potencial para el reciclaje depende del manejo adecuado, pero su valor también radica en los aditivos y compuestos que optimizan su desempeño. 

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), dirigida por Benjamín del Arco Ortiz, prepara un espacio para discutir estas innovaciones a través del primer Foro de Aditivos y Compuestos, que tendrá lugar de forma virtual los días 18 y 19 de junio. 

Uno de los enfoques del evento será el uso de compuestos en la industria automotriz, un sector que representa una fortaleza estratégica para México. El foro contará con la participación de Odracir Barquera, director general de la AMIA, quien aportará una visión sobre los retos actuales, como la presión arancelaria internacional.

*** Modernizar la flota pesada

TOME NOTA *** México se enfrenta a una contradicción que lastima tanto su desarrollo logístico como su compromiso ambiental, pues lidera la manufactura de vehículos pesados de última generación, pero permite que su flota nacional envejezca hasta volverse obsoleta y peligrosa. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que lleva Rogelio Arzate, ha puesto sobre la mesa una realidad ineludible: más de medio millón de unidades circulan con casi dos décadas de vida útil, elevando costos, emisiones y riesgos. 

Esta no es solo una falla de política pública; es una oportunidad mal aprovechada para modernizar un sector clave mediante instrumentos que ya existen —financiamiento, incentivos fiscales y colaboración entre industria, gobierno y banca— pero que requieren voluntad para aplicarse. Modernizar la flota pesada no debe entenderse como una dádiva al sector transportista, sino como una inversión estratégica en eficiencia económica, seguridad vial y salud pública.