Seguridad nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha recurrido al concepto de seguridad nacional a manera de garantizar la continuidad de las obras emblemáticas de su gobierno a partir de los amparos que frenan su ejecución. El recurso es administrativamente eficaz, pero legalmente discutible. La seguridad nacional no atiende a las urgencias de las obras públicas, por más beneficios públicos o sociales que las inspiren; además, conlleva la opacidad y la falta de rendición de cuentas, más si una autoridad militar es la responsable de la obra. El presidente ha dispuesto también la afirmativa ficta para los permisos que las autoridades de su propio gobierno y de otros órdenes deben proveer; si en un término perentorio no responden, se entienden aprobados.

Es el caso de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya derivado de amparos interpuestos por organizaciones civiles, especialmente las vinculadas a la protección ambiental; así como preocupación por el daño al patrimonio cultural que ocasionarían las obras realizadas sin planeación y sin el debido cuidado. López Obrador impuso términos de conclusión de la obra que no dan espacio a una ejecución responsable del proyecto.

Las mayores pifias y omisiones en el Tren Maya se originaron en la gestión del arquitecto Rogelio Jiménez Pons como responsable del FONATUR, entidad a la que el presidente asignó la responsabilidad de la obra. Es evidente que no hubo suficiente planeación. Que se haya tenido que modificar el trazo del trayecto de Playa del Carmen a Tulum evidencia el descuido elemental en la programación de la obra. Cambiar el trazo de la carretera a la selva implicó un daño ambiental de mayores proporciones, asimismo, el perjuicio a muy preciados vestigios de la cultura maya que el gobierno dice apreciar tanto.

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