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Las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a México sino detiene las caravanas de migrantes, colocan una vez más a la política migratoria en el centro de la relación bilateral y convierten a estos grupos de migrantes en el centro de la negociación comercial entre ambos países.
La Secretaría de Gobernación informó que México ha recibido 24 caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, sin que ninguna haya llegado a Estados Unidos. Actualmente, 781 personas de Honduras y El Salvador permanecen en Mapastepec, Chiapas, donde reciben atención del Instituto Nacional de Migración, las opciones que les dan son: facilitar su retorno seguro o permitir su permanencia en territorio nacional, siempre que cumplan con los requisitos legales.
Pero la crisis es mayor porque estos grupos de migrantes no se detendrán, la mayor parte de los integrantes de la caravana confía en alcanzar el objetivo, llegar hasta la frontera norte de México y pisar territorio estadounidense.
La migración debe atenderse desde un enfoque de derechos humanos, seguridad y corresponsabilidad, no solamente desde el control de las fronteras.
Las caravanas migrantes representan un desafío humanitario, social y político. Por eso, el Estado no debería limitarse a detenerlas, dispersarlas o impedir su avance. Necesita una estrategia integral que atienda las causas de la migración y proteja a las personas durante su tránsito.
Investigar y desmantelar redes de tráfico y trata de personas, es crucial para terminar con extorsiones. Así como vigilar la actuación de los agentes migratorios y policías quienes cometen abusos contra la población en tránsito.
Experiencias de otros países que se centran en regularización administrativa ágil, recepción humanitaria articulada e integración socioeconómica rápida, o el Plan de Acción de los 10 Puntos de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) son respuestas a ¿qué hacer con las caravanas migrantes?.
Algunos ejemplos son los países europeos, frente al desplazamiento masivo tras la guerra en Ucrania en 2022, activaron un mecanismo que otorgó residencia inmediata, permiso de trabajo y acceso a servicios sociales sin saturar los sistemas tradicionales de asilo individual.
Costa Rica y Ecuador han desarrollado esquemas de atención en fronteras que integran a agencias de la ONU, Cruz Roja y gobiernos locales. El modelo prioriza la identificación temprana de grupos vulnerables (niñez no acompañada, mujeres embarazadas y víctimas de trata) para derivarlos a redes de protección antes de que continúen rutas peligrosas.
Establecer una política migratoria eficaz que atienda la crisis humanitaria y no solamente responder a las amenazas de un presidente que rechaza el derecho que todo ser humano tiene de migrar.




