Tortas para los tragones
En los últimos años, en distintos momentos he realizado procesos de reclutamiento para integrar equipos técnicos-políticos. Suelo entrevistar a jóvenes de entre 21 y 25 años. Más allá de las habilidades técnicas, hago una pregunta simple para evaluar estabilidad y compromiso: ¿cuáles son tus objetivos de vida? La respuesta se repite con una consistencia inquietante: “no planeo”, “vivir al día”, “un día a la vez”.
Al inicio, esta respuesta la leía como falta de ambición o madurez. Unos años después, esa interpretación acepto es equivocada. No estamos frente a una generación apática, sino frente a una generación que leyó correctamente el tablero económico.
Los jóvenes no planean porque planear como antes dejó de ser racional.
El primer golpe es la vivienda. Con precios que crecen a tasas cercanas al 9 o 10% anual en zonas metropolitanas como Guadalajara, y con ingresos iniciales que rondan entre 7,500 y 9,000 pesos mensuales, la compra de una casa no es una meta lejana: es una meta descartada desde el inicio.
A esto se suma una nueva hipoteca generacional: el costo de los autos nuevos. Vehículos que superan con facilidad los 350 mil pesos obligan a financiarse por cuatro o cinco años, comprometiendo gran parte del ingreso mensual.
Para muchos jóvenes, el automóvil se convierte en la primera gran deuda estructural, una carga que condiciona cualquier posibilidad de ahorro, movilidad social o proyecto familiar.
La alternativa de vida se normaliza rápido: renta, roomies, zonas caminables, cercanía al trabajo y a la vida social. Chapultepec, Americana, espacios compartidos. No como una etapa transitoria, sino como modelo permanente de vida adulta.
El mercado laboral refuerza esta lógica. La informalidad, la rotación y la precariedad hacen que para muchos jóvenes el sistema de pensiones no exista como promesa creíble. Cuando el largo plazo desaparece, el presente se vuelve el único territorio habitable.
Aquí ocurre el quiebre social más profundo: la transformación de las parejas y de la familia.
Cada vez más jóvenes no solo posponen el matrimonio, sino que descartan tener hijos. No por rechazo a la paternidad o maternidad, sino por una razón contundente: no pueden pagarla.
Tener un hijo hoy implica una cadena de costos permanentes y crecientes: salud, alimentación, ropa, transporte y, de manera crítica, educación. En la clase media, la educación pública suele percibirse como insuficiente, por lo que la alternativa casi obligada es la educación privada desde preescolar.
Colegiaturas, inscripciones, útiles, plataformas digitales, idiomas y actividades extracurriculares convierten la crianza en un compromiso financiero de largo plazo.
No se trata de un gasto extraordinario, sino de un pasivo estructural por más de 15 años. Para una pareja que ya destina buena parte de su ingreso a renta y automóvil, la ecuación es evidente: simplemente no alcanza.
No estamos frente a una crisis generacional ni a una renuncia voluntaria al compromiso. Estamos frente a un desajuste entre expectativas heredadas y condiciones económicas reales. Cuando el ingreso no alcanza, la vivienda es inaccesible, el automóvil implica una deuda de largo plazo y la educación de un hijo representa un pasivo permanente, el resultado no es falta de planeación, sino redefinición racional de prioridades.
El problema no es que los jóvenes no planeen. El problema es que el sistema dejó de ofrecerles razones creíbles para hacerlo.
Mientras no se reconstruyan condiciones mínimas de certidumbre —ingresos suficientes, movilidad sin endeudamiento excesivo, vivienda accesible, servicios públicos de calidad y un esquema de protección social funcional—, el corto plazo seguirá imponiéndose como estrategia dominante.
En ese contexto, como decía una conocida “un día a la vez”, postergar compromisos y renunciar a proyectos tradicionales de largo plazo no es una anomalía social. Es una respuesta económica coherente a un entorno que ya no premia la planeación, sino la adaptación.




