Opción múltiple/Eduardo Garzón

¿Perdón o justicia?

La sentencia fulminante, en el sentido más literal del término, de cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que termina con su tristemente célebre carrera delictiva, abre una serie de interrogantes importantes, al margen de la ya muy gastada idea de que en Estados Unidos la justicia, el derecho y el sistema penitenciario si funcionan, mientras que en México, simplemente no.

Una primera que abre, es: ¿Para qué sirven las comisiones de derechos humanos en los procesos penales? Estas no han abatido la tortura como método prioritario de la indagatoria policíaca, ni han acabado con las privaciones ilegales de la libertad, que hoy tienen el genérico de «levantones», tomados de la jerga de la delincuencia organizada. Han servido como atenuante de procesos que muchas veces terminan con la libertad de los delincuentes. Han servido también como justificación de las acciones de los poderosos en algunas intervenciones sociales. ¿Vale la pena que sigan detentando presupuestos en estos tiempos de austeridad de la 4T?

En el mismo sentido, ¿Por qué en México las condiciones de reclusión de los pobres delincuentes son tan importantes como el daño que causaron a sus víctimas? Para ser más concreto, durante el juicio, el Chapo se quejó de sus condiciones de reclusión: «ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental». Sin embargo la queja que cualquier Comisión Estatal de Derechos Humanos en México habría considerado seriamente, poco efecto causó en el juzgador estadounidense, quién ponderó en mayor nivel la tortura que durante muchos lustros causó el Chapo a la sociedad, envenenándola con sus productos nocivos; la tortura física a la que sometió a muchos de sus opositores y rivales, hasta la muerte de muchos de ellos, y la tortura psicológica de muchas personas amenazadas, perseguidas, levantadas y a veces también asesinadas por sus órdenes o por su propia mano. La respuesta es una sola: corrupción

El sistema de persecución a los delincuentes, el de procuración de justicia, el sistema penal, el sistema penitenciario de readaptación social  está podrido en México. Para simple muestra, el testimonio de «El Rey», hermano del Mayo Zambada, durante el juicio del Chapo, quien declaró haber pagado como sobornos mensuales 300 mil dólares, al Director de la PGR, al de CAPUFE, de la Policía Judicial, del Aeropuerto (se supone de México) y a Policías Municipales.

Y de aquí, nuevas preguntas: ¿Hará falta que en Estados Unidos se soliciten extradiciones para los cómplices del Chapo, a fin de que la justicia suceda? Y aquí en México ¿Serían suficientes estas declaraciones, rendidas ante las autoridades judiciales del País Vecino, para abrir procesos, aunque fueran de oficio, contra los presuntos implicados? Y de ser así: ¿tendrían como resultado ver criminales tras de las rejas en nuestro país? Y todavía más: ¿Cumplirían su condena a cabalidad?

Esta cloaca maloliente ha sido ignorada en el afán anti corrupción de la 4T, que ha configurado como corruptos a políticos, con razón, a algunos empresarios, también con razón, a las direcciones y sindicatos que operan las paraestatales, de nuevo con razón, pero ha ignorado lo antes expuesto.

De aquí surge la pregunta más importante que da título a esta colaboración: ¿lo que desea la sociedad mexicana es que se perdone a los delincuentes o que se haga justicia? Tal vez una encuesta a mano alzada al pueblo sabio y bueno, asesor privilegiado del Presidente podría sacar al ejecutivo federal de toda duda.

Y la opción múltiple:

a) ¿El Presidente escuchará el reclamo popular de justicia y no de perdón?

b) ¿El Presidente lo tiene presente en su agenda nacional?

c) ¿La 4T alcanzará en su afán moralizador, a aplicar la justicia al contubernio, que ya expresó el propio Presidente hace unos días en su «mañanera» desde Nayarit, entre autoridades y delincuentes?

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