Las diferencias importan 

Ahora que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció y presentó al Senado la nueva Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, es importante conocer las diferencias con la ley ya existente para distinguir si habrá un avance en la materia y mayor oportunidad de acceder a la justicia cuando una mujer es víctima de este delito. Para ello es necesario modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. 

El cambio más importante es que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, se reconocerán nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. 

Actualmente se establece que un homicidio de una mujer se investigue como posible feminicidio cuando hay presencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, la existencia de una relación con el agresor, amenazas, incomunicación de la víctima o la exposición del cuerpo en un lugar público, si no hay ninguno de estos supuestos, las autoridades pueden omitir la línea de investigación de feminicidio.

Otro de los puntos importantes es la homologación del tipo penal a nivel nacional, con el objetivo de eliminar diferencias entre legislaciones estatales y garantizar criterios uniformes en la persecución del delito. 

La propuesta aumenta penas de entre 40 y 70 años, la sentencia actual determina de 40 a 60, aunque son solamente 10 años más, el marco de sanciones en el proyecto presentado se endurece con la incorporación de 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad o persona adulta mayor, tener discapacidad o ser migrante, así como factores de contexto como que el crimen se cometa frente a hijas o hijos o que el agresor sea servidor público.

Este delito se investigará y perseguirá de oficio, además se busca que el delito, su sanción y la reparación del daño no puedan prescribir. 

La iniciativa también establece que los responsables perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela, cualquier beneficio legal relacionado con la víctima y quedarán destituidos e inhabilitados de cargos públicos. Tampoco proceden criterios de oportunidad, amnistías, conmutación de pena ni libertad condicionada.

Es importante que esta nueva ley toma en cuenta a quienes en medio de la tragedia quedan desprotegidos, los hijos e hijas; se creará un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio para garantizarles seguridad social, protección reforzada y programas integrales con  centros de justicia para mujeres, espacios de refugio y planes de protección para sobrevivientes.

México es considerado uno de los países más violentos para las mujeres. En los últimos años, la cantidad de feminicidios en promedio llegó a ser de 10 cada día, según datos de ONU Mujeres, aunque en los últimos meses esa cifra ha disminuido, la violencia sistemática sigue siendo alarmante; más allá de la cárcel es importante que para los feminicidas existan consecuencias como las tomadas en cuenta. 

La justicia nunca ha estado a la altura de las circunstancias, la búsqueda de la misma debe ser una lucha permanente y constante.