El fortalecimiento del salario mínimo no es un triunfo político

Desde una perspectiva socialdemócrata —que defiende la dignidad del trabajo, la responsabilidad fiscal y el equilibrio entre justicia social y estabilidad económica— el fortalecimiento del salario mínimo en México debe entenderse como una conquista institucional, no como un botín político atribuible a un solo gobierno o personaje político.

Durante tres décadas, México convivió con un salario mínimo incapaz de garantizar condiciones dignas. Aunque aumentaba cada año, esos incrementos solo acompañaban a la inflación; nunca la superaban. La política salarial siguió una regla tácita pero estricta: preservar la estabilidad macroeconómica aun a costa del poder adquisitivo de los trabajadores. El resultado fue un ingreso mínimo debilitado, sin capacidad real para incidir en la movilidad social.

La socialdemocracia internacional ha sostenido históricamente que el Estado debe corregir desequilibrios estructurales sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Bajo esa lógica, cuando en 2012 regresé de mis estudios en Europa advertí en diversos foros que la reforma laboral impulsada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto profundizaría un modelo de flexi‑explotación: abarataría el despido, precarizaría la contratación y mantendría estancada la política salarial. Trece años después, los datos confirman esta tendencia: en 2012, cerca del 9% de los trabajadores ganaba más de cinco salarios mínimos; hoy esa proporción apenas ronda el 1%.

Pero el verdadero giro —y aquí la visión socialdemócrata es crucial— no provino de un cambio electoral, sino del fortalecimiento institucional. La creación del Monto Independiente de Recuperación (MIR) en 2016 permitió separar el ajuste inflacionario del componente de recuperación real. Por primera vez en décadas, México encontró una herramienta técnicamente seria que hacía compatible el aumento del salario real con la estabilidad económica.

A partir de 2018, el salario mínimo creció de manera sostenida por arriba de la inflación, con incrementos de doble dígito que hoy prácticamente lo han triplicado en términos reales. Estos avances redujeron la pobreza laboral, impulsaron el consumo de los hogares de menores ingresos y dinamizaron sectores orientados al mercado interno. Para los socialdemócratas como un servidor, esto confirma algo fundamental: la redistribución responsable no solo es moralmente correcta, sino económicamente funcional.

Sin embargo, el pensamiento socialdemócrata también reconoce límites. Ninguna recuperación salarial puede sostenerse sin incrementos en productividad, innovación tecnológica, capacitación continua y una transición firme hacia la formalidad. Sin estos elementos, el salario mínimo corre el riesgo de convertirse en una política incompleta, dependiente del ciclo político.

Afirmo, el fortalecimiento del salario mínimo en México, no pertenece a una persona, un partido o un gobierno. Es un logro que involucra instituciones, empresas, trabajadores, economistas, academia y analistas que creemos en un Estado social moderno, eficaz y responsable. Es, en esencia, una construcción gradual, técnica, institucional y centrada en la dignidad del trabajador.

La conversación ya no es si debíamos aumentar el salario mínimo; esa discusión quedó atrás. El verdadero reto —y ahí se medirá la madurez de México— es construir una economía capaz de sostener este avance con productividad, innovación y empleo formal. Solo así la recuperación salarial será duradera, equitativa y profundamente humana. Temas económica y socialmente importantes de los cuales, estaremos abordando en las próximas ediciones.

Christian Sánchez Jáuregui

Especialista en Políticas Públicas