La aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador está en vías de aprobación en la Cámara de Diputados. En la puja no están la sociedad, los sectores productivos, los expertos o las inversionistas, a pesar del presuntuoso parlamento abierto. Tampoco involucra al bloque opositor en su conjunto. El acuerdo se remite a la coalición gobernante y a dos dirigentes que se asumen dueños del PRI: Rubén Moreira y Alejandro Moreno.
Lo que está de por medio no son las bondades o virtudes de la reforma; tampoco las comas, letras, palabras o párrafos que habrían de cambiarle. Es un simple y vulgar chantaje al presidente: dame las gubernaturas de Durango e Hidalgo, y te daré tu reforma.
Efectivamente, tras siete de los 19 foros del parlamento abierto, Rubén Moreira, aseguró que hay “puntos de encuentro” para aprobar la iniciativa de contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, exige que sea votada después de las elecciones de junio.
Más claro no puede ser. Si el parlamento abierto concluye el 14 de febrero y el periodo de sesiones ordinarias del Congreso se dará del 1º al 30 de abril, ¿cuál es la razón para retrasar el proceso legislativo hasta septiembre o si hay extraordinario a junio o julio?
La respuesta es evidente: el chantaje, esperar los resultados de las elecciones y de esta manera condicionar los votos legislativos de los tricolores a favor del proyecto eléctrico al triunfo de los candidatos del PRI, al menos en Hidalgo.
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