Descomplicado

Tequila sabor a hiel

El cinismo desbordado y la impunidad con la que autoridades operan redes criminales ahora llegó a Tequila, en Jalisco.

El alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido por operar una red de extorsión desde el Ayuntamiento, donde llegó a exigir —se dice— el pago de 60 millones de pesos a José Cuervo, empresa líder mundial en la venta de la bebida más emblemática de México. Además, se sospecha de vínculos entre Diego Rivera y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diego Rivera es el sexto alcalde ligado a Morena en ser detenido por participar en actividades ilícitas y delitos como extorsión, homicidio y secuestro exprés, desde que se implementó el Operativo Enjambre por el gobierno federal en noviembre de 2024.

El recuento incluye a Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, en Puebla, por el PT, aliado de Morena, acusado de extorsión agravada; Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, en Chiapas, acusado de corrupción, malversación de recursos y presuntos vínculos criminales; Emiliano Vázquez, exalcalde de Zapotitlán de Méndez, en Puebla, acusado de homicidio calificado, lesiones y abuso de autoridad; Iván Guadalupe López Colín, edil de Chucándiro, en Michoacán, detenido presuntamente en posesión de un arma de fuego; y Ricardo Pérez García, alcalde de Río Blanco, detenido por portación de armas de fuego.

Hasta el 5 de febrero del presente año, el Operativo Enjambre ha permitido la detención de 67 personas, entre funcionarios municipales y servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Los detenidos pertenecen a casi todos los partidos políticos, solos o en alianza: Morena, PRI, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, PANAL y hasta el Partido Verde, con Marco Antonio N., expresidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.

A esas detenciones se suma la revocación de visas de Estados Unidos a unos cincuenta políticos y funcionarios mexicanos, principalmente de Morena, por investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y vínculos con cárteles de la droga.

Según notas periodísticas, entre gobernadoras y gobernadores con visa revocada o señalados destacan Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. En mayo de 2025 se informó que su visa y la de su esposo, Carlos Torres, fueron revocadas por el gobierno estadounidense sin aviso previo. También figura Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, y se habla de investigaciones activas y posibles cancelaciones de, al menos, cuatro gobernadores más.

Toda esa evidencia nos lleva de nuevo a la denuncia que ha hecho por años la periodista Anabel Hernández, de que en México se vive un narcoestado, pese a que la clase política en turno se rasgue las vestiduras ante esos señalamientos.

Un narcoestado es un término político-mediático, sin definición institucional estricta, que describe a un país cuyas instituciones políticas, gubernamentales, judiciales y militares están influenciadas o controladas por redes de narcotráfico, donde numerosas actividades ilegales ocurren de manera encubierta y fomentan la corrupción e impunidad.

Cualquier parecido con la realidad es una dolorosa coincidencia.

La palabra Tequila es la segunda marca-país más importante y posicionada en el mundo, después de la palabra México. La industria tequilera involucra a generaciones comprometidas con la producción del elixir de la diosa Mayahuel (diosa azteca del maguey), que brinda identidad a nuestra nación.

En decenas de países se conoce la forma de tomar el tequila en México: derecho, (solo en un caballito), con un limón y sal; sin embargo, ahora la noticia internacional fue tequila sabor a hiel.