En los viejos tiempos, que para muchos han sido los mejores, el Presidente de la República, apoyado en su partido, realmente distribuía y ejercía el poder y en cierta medida era el responsable de todo cuanto acontecía en el país. Su esfera de poder trasponía cualquier rincón, y bajo su autoridad caminaban derechitos gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales.
Pero víctima de la “democracia” partidista y del envejecimiento del mismo Sistema, la figura del gran Tlatoani comenzó a figurarse desde la llegada de Ernesto Zedillo, quien no tuvo las agallas suficientes para impedir la rebelión del gobernador tabasqueño Roberto Madrazo –quien lo desafió y se mantuvo en el poder, pese a la orden de Los Pinos–, y su omnipresencia terminó por hacerse añicos ante los mexicanos, con el arribo de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Hoy, el Presidente y el PRI ya no son lo que eran, y más bien fungen como oficialía de partes, intermediarios o meros gestores y administradores.
El jefe del Ejecutivo ya no puede quitar y poner gobernadores; el gobernador no puede relevar alcaldes y el alcalde… bueno, ese es el eslabón más débil de la cadena, porque si acaso solo puede decidir nombrar a su secretaria, porque parece que tampoco puede influir en la designación de los síndicos –que son electos por los partidos–, ni de su jefe de policía y tampoco de personal de base, porque ahí sólo manda el sindicato. Ah, pero también ya en esas esferas el poder comienza a ser detentado por los Cárteles del crimen organizado, que han hecho de los alcaldes su blanco favorito.
De manera que ellos vienen a constituir el eslabón más débil en la cadena del poder, a pesar de que es a nivel municipal donde repercuten algunas de las grandes decisiones que afectan a una comunidad. Sirva este largo preámbulo para explicar por qué el sábado fue asesinado un alcalde en Chiapas y el domingo, otro en Michoacán.
En el primer caso, se trata del edil de San Juan Chamula, Domingo López y el síndico Narciso Lunes Hernández, quienes fueron acribillados durante una manifestación en el centro de la localidad indígena, cuando daban explicaciones sobre la administración de los fondos comunitarios.
Un día después, el alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –quien había recibido amenazas del crimen organizado–, fue ametrallado junto con su chofer, en un paraje del estado de Michoacán, en la zona de Tierra Caliente que comparte con Guerrero.
Los dos casos no sólo son similares porque las víctimas hayan sido presidentes municipales, sino porque sus agresores actuaron como brutal saña.
En el caso de San Juan Chamula, había unas 2 mil personas reunidas con el alcalde, quienes demandaban la entrega de apoyos para los artesanos, cuando de repente se escucharon más de 60 disparos de armas de alto poder. El alcalde herido intentó huir por una de las puertas de Palacio y ahí fue alcanzado y rematado con el tiro de gracia.
Los asesinatos, un claro mensaje para el gobierno
Era claro que la intención era ultimarlo y enviar un mensaje público a la manera de las bandas del crimen organizado. San Juan Chamula, famosa por su conservadorismo religioso y su legendaria persecución de fieles protestantes –a quienes grupos católicos integristas han asesinado y expulsado de sus comunidades–, durante muchos años fue gobernado por el PRI. Sin embargo, con el arribo de Manuel Velasco Coello al poder, el extinto alcalde se sumó al Partido Verde.
En San Juan Chamula hubo en total cinco muertos y 12 heridos. La balacera ocurrió alrededor de las 7 horas. La Procuraduría de Justicia de Chiapas señaló en un comunicado que ya hay por lo menos 6 detenidos por este caso.
Se sabe que sus más cercanos colaboradores le habían aconsejado al alcalde que no se reuniera con los pobladores de 35 comunidades llegados a “dialogar” porque no traían una actitud amistosa.
En la última década –que coincide con el inicio de la ofensiva a fondo lanzada contra el crimen organizado por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006–, al menos 75 alcaldes han sido asesinados en el país. El último, luego de la muerte de Domingo López, fue el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto.
Pese a que el alcalde de Pungarabato se hallaba siempre custodiado por una escolta de policías federales, ello de nada le sirvió para librar la andanada de cuando menos 600 disparos realizados durante casi 15 minutos, por hombres armados que emboscaron al funcionario y les dieron muerte.
De nada le sirvió haber llevado una escolta de cuatro policías federales y un guardaespaldas propio, además de su chofer. Era claro que la orden de quienes querían borrarlo del mapa era liquidarlo a como diera lugar.
Se habla de que podría tratarse de remanentes de La Familia Michoacana o los Caballeros Templarios, porque se negó a pagar la cuota extorsiva. Las amenazas en su contra –que databan de hace varios meses–, se habían intensificado en los últimos días.
Aun así, se atrevió a traspasar la frontera hacia Huetamo, Michoacán para desplazarse de noche, hasta uno de sus negocios particulares. Ello llevó a asegurar al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, que lo habían asesinado por viajar de noche por un paraje altamente peligroso.
El homicidio ocurrió en el paraje Las Curvas del Cajón –entre los poblados de San Lucas y Riva Palacios, Michoacán–, donde se asegura que hay una gran actividad de bandas criminales. Ya el pasado 5 de julio, había sido acribillado Sebastián Soto, primo del edil, quien también trabajaba como su chofer.
Es decir, había ya claras señales de que su vida estaba en peligro y aun así no se pudo evitar su asesinato, pese a la escolta con que contaba.
La muerte de alcaldes, defensores de derechos humanos, sacerdotes y otros grupos que suelen estar en la primera línea de fuego en las comunidades, al igual que la de algunos auténticos periodistas –y no panfletarios al servicio del crimen organizado–, es una señal de que el Estado mexicano exhibe graves fallas y se encuentra seriamente debilitado.
Eso también explica por qué un sector radical del magisterio, integrado por apenas 10 o 15 mil personas, de casi dos millones de maestros sindicalizados, le tiene tomada la medida al gobierno y lo exhibe a cada rato con sus bloqueos intermitentes a las principales vías de comunicación, que estrangulan la vida económica del país y le hacen la vida imposible a los ciudadanos.
Quizá como único punto, no sería tan deseable volver al presidencialismo con poderes omnímodos, como los de antaño –cuando según algunos nostálgicos muchos mandatarios sí tenían gónadas para poner orden en el país–, pero tal vez sí sería urgente y necesario construir el andamiaje institucional para hacer cumplir la ley, trátese de quien se trate y caiga quien caiga, para acabar con este ambiente de caos, anarquía, corrupción y mal gobierno que sin duda reina en el territorio nacional.
A veces da la impresión de que México se encamina –como se teorizaba hace poco–, a convertirse en un Estado fallido, un lugar donde los minúsculos grupos de presión de toda laya, las bandas criminales, los sindicatos amafiados y grupos radicales y supuestos defensores de derechos humanos –que a veces son simples membretes que se intercambian militantes para lo que se ofrezca–, tienen más poder que un jefe de policía, un alcalde, un procurador, un gobernador, y parece que hasta más que un presidente de la República. Ya basta.
Granos de café
La decisión del gobernador Manuel Velasco Coello de designar a Roberto Domínguez Castellanos como nuevo titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, en sustitución de Sonia Rincón Chanona –quien estuvo en el cargo casi cuatro meses–, es un acierto que al parecer abona a una solución al complejo problema de la rebelión magisterial que en esta entidad ha tenido una de sus fases más combativas.
Velasco Coello exhortó a Domínguez Castellanos a trabajar por el desarrollo de Chiapas, la mejora en la calidad educativa y a impulsar y mantener una política permanente de diálogo. En esta última frase vale la pena detenerse porque si algo sabe el nuevo titular de Educación en Chiapas –independientemente de sus credenciales académicas y sus capacidades profesionales–, es dialogar, negociar y concertar acuerdos.
Y parece que eso es lo que realmente se necesita en el actual momento de confrontación que vive el país, a causa de la ola de protestas del ala radical del sindicato de maestros que se opone a toda costa a la reforma educativa que le ha arrebatado grandes cotos de poder, lo que le ha costado una fuerte pérdida de influencia y poder económico también.
Naturalmente, para poder llegar a un acuerdo en Chiapas en torno al tema, se requerirá que otros personajes de su mismo perfil, se encarguen de poner un poco de racionalidad a este conflicto y que haya acuerdo en el diálogo que se lleva a cabo en la secretaría de Gobernación con la CNTE.
Domínguez Castellanos fungía como rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y de hecho cumplía su segundo período al frente de esta casa de estudios, cargo en el cual no sólo demostró una notable capacidad para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que también contribuyó a generar consensos y a disminuir al mínimo las tradicionales pugnas que se dan en toda institución de esta naturaleza.
Se cumplen más de 70 días en paro de labores en Chiapas para reclamar la abrogación de la reforma educativa, y quizá se prolongue el conflicto, pero mucho depende de que lo se haga a nivel federal. Sin embargo, el nombramiento de Domínguez Castellanos representa una garantía de que la situación comience a distenderse y de que por lo menos haya una posibilidad de solución si el diálogo a nivel nacional camina por el rumbo indicado. Ciertamente, él no es un hombre providencial ni un mago, pero sí un funcionario con mucha capacidad de entender los conflictos y de tender puentes para resolverlos.
Su experiencia seguramente la habrá de volcar en su nueva posición y será un hombre de mucha ayuda para destrabar el conflicto magisterial sobre todo en un estado donde se ubica uno de los vértices más radicales de la CNTE. Eduardo Campos Martínez ocupará la subsecretaría de Educación Federalizada y a su vez, Eduardo Velázquez, será el subsecretario de Educación Estatal, mientras la rectoría de la Unicach quedará tentativamente en manos de Rodolfo Calvo Fonseca.
La credibilidad en las instituciones –ya muy maltrecha– volvió a ponerse en duda con el diferendo entre el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargados de la medición de la pobreza en el país.
Un cambio en la fórmula para estimar la cifra de personas en situación precaria por parte del Inegi desató diferencias con el Coneval, lo que insinuó la posibilidad de que el gobierno pretendiese maquillar las cifras con fines electorales.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, señaló que en los últimos 25 años –es decir desde casi la mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari–, no ha mejorado el ingreso de las familias mexicanas.
La confrontación con el Inegi, la institución autónoma responsable de las estadísticas en México contribuye a generar desconfianza. Más allá de la confrontación por el diferendo entre ambas instituciones, lo relevante es que parece haber un intento por minimizar uno de los mayores problemas del país como es la desigualdad.
Como ya lo ha hecho notar el Coneval, mientras un puñado de mexicanos se queda con el 90 por ciento de la renta nacional, más de 124 millones apenas se reparten el 10 por ciento restante.
Para el Coneval ese estancamiento en el ingreso de las familias mexicanas, ocurrió precisamente al instaurarse el modelo económico neoliberal que presuntamente nos traería fortuna, crecimiento, desarrollo y mayor calidad de vida.
La prueba de ese fracaso en la instauración del modelo neoliberal y de libre mercado es Donald Trump, el candidato Republicano, quien ha prometido a los trabajadores estadunidenses renegociar el TLC o hasta sacar a EU del mismo, si resultase electo.
Lo preocupante no son sus bravuconadas –a las que ya nos acostumbramos, o casi–, sino que fue precisamente esa promesa la que le ganó la simpatía de millones y millones de estadunidenses que han visto caer su nivel de ingreso y la calidad de vida, ante la pérdida de empleos en su país, por la codicia de los grandes corporativos que al buscar cada vez mayor utilidad, se han llevado sus fábricas a las naciones con menores salarios, México incluido.
Este simple análisis pone en jaque el propio sistema de libre mercado y permite comprender un poco la determinación de los ingleses de salirse de la Unión Europea, ya que es, en mucho, lo mismo que padecemos los mexicanos: mucha riqueza, pero sólo para las voraces élites del poder y el dinero…Sus comentarios envíelos al correo [email protected].
