El segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa estuvo marcado por manifestaciones callejeras en demanda de conocer el paradero de los estudiantes vivos o muertos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.
Durante el mitin realizado en la Ciudad de México, al pie del Ángel de la Independencia –que precedió la marcha hacia el Zócalo–, se enarbolaron consignas como “43 motivos de lucha”, “Presentación con vida de los normalistas”, “No más desaparecidos”, “Respeto a los derechos humanos” y “Cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI”.
Otras demandas consignadas en las pancartas que empuñaban los manifestantes eran “Castigo a los culpables”, “Apertura de nuevas líneas de investigación” y “Verdad y justicia para Ayotzinapa”.
Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, además de los 43 normalistas de Ayotzinapa -quienes habían secuestrado varios camiones que usarían para trasladarse a Ciudad de México para supuestamente asistir al aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco-, fueron asesinados dos futbolistas, un taxista, un ama de casa y desaparecidos dos estudiantes.
Los policías los interceptaron en las calles de Iguala y, según las versiones de testigos de la fiscalía, fueron llevados a Cocula y asesinados por órdenes de los jefes de “Guerreros Unidos”, quienes supuestamente creyeron que eran integrantes de la banda enemiga “Los Rojos”.
Después sus cuerpos fueron quemados en un basurero y sus restos lanzados al río San Juan de Cocula.
Una organización de activistas cobijada con el membrete de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –entre ellos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense-, trabajaron más de un año en el caso, pero su dictamen sesgado sólo cuestionó la investigación oficial.
Sin embargo nadie ha podido desentrañar el misterio que rodea al asunto, sobre todo aspectos claves sobre quién realmente ordenó las desapariciones y posibles asesinatos y por qué.
Hasta hoy, con relación a este caso, han sido detenidas más de 150 personas, entre ellas Sidronio Casarrubias, jefe de la organización “Guerreros Unidos” y también el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales del crimen. No obstante, las familias de las víctimas no están satisfechas.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido severamente cuestionada por proclamar como verdad histórica de los hechos el asesinato de los jóvenes a manos de “Guerreros Unidos”.
El pasado día 14, renunció Tomás Zerón, acusado por los padres de manipular evidencias para apuntalar la versión oficial, y para acallar los reclamos de las familias que exigen presentar pruebas del caso, la fiscalía ha señalado que continúa la búsqueda de los restos con el apoyo de aeronaves dotadas de aparatos especiales imágenes tridimensionales, infrarrojas y térmicas, que han sobrevolado Cocula y las vecinas localidades de Iguala y Huitzuco.
La PGR señaló que, a dos años del caso -que generó movilizaciones antigubernamentales que no se habían presentado en varios años y provocó el desplome de la credibilidad del presidente Enrique Peña-, se mantiene la búsqueda de los cuerpos.
La fiscalía indicó que usa la tecnología llamada LIDAR, la más avanzada traída de Alemania y Rusia, para descubrir fosas clandestinas o cavidades donde pudieran haber sido depositados los cadáveres de los estudiantes.
Además, señaló que cuenta con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos.
Los padres de los estudiantes se movilizan con frecuencia para exigir justicia y de hecho una veintena vive en los salones de la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde estudiaban los jóvenes, con la esperanza de encontrar a sus hijos vivos.
Quizá algunos de ellos han encontrado en esta causa una forma de vida que les reditúa beneficios de distinto tipo, pero nadie puede negar que tienen derecho a saber lo que sucedió con sus hijos. Por ejemplo, si es verdad que el grupo de jóvenes estaba infiltrado por criminales de la banda de “Los Rojos”, entonces es importante que esto se pruebe fehacientemente.
También se debe esclarecer si realmente había en uno de los camiones de los que se habían apoderado los jóvenes un cargamento de armas, de opio o de dinero, como lo señalan algunas hipótesis.
Ayotzinapa es una llaga que aún supura y que constituye una herida que tardará mucho en sanar, pero entre más rápido se esclarezca más pronto se podrá dejar atrás, porque la desaparición de los estudiantes ha derivado en todo un movimiento político que seguramente va más allá de la localización de los jóvenes, estén vivos o no.
Ayotzinapa es ya el punto de arranque de una etapa de lucha de grupos marginales apoyados quizá por organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para intentar derrocar por la fuerza al gobierno.
Las autoridades locales y federales lamentablemente manejaron desde el principio tan mal este caso, que hicieron que se olvidara que fue un alcalde perredista uno de los principales involucrados y que fue un gobierno estatal originado en la misma organización el que de alguna manera propicio esta masacre.
Ciertamente, de principio a fin ha existido un gran desaseo en la investigación y probablemente las verdaderas razones no se desentrañarían nunca. Resolver este caso es una misión imposible, pero aun así el Estado mexicano está obligado a intentarlo.
No obstante, habrá que tomar muy en cuenta que aún si todas las preguntas fueran respondidas -y quedara claro que los victimarios fueron “Guerreros Unidos” el alcalde de Iguala o algún cacique político-, la propia falta de credibilidad en el gobierno, impediría que el caso se cerrara.
Y la verdad, a estas alturas, para aclarar el asunto, se requiere más que un milagro.
GRANOS DE CAFÉ
César Augusto Santiago, el destacado político chiapaneco, publicará próximamente su libro “Chiapas para insatisfechos y desconfiados” y exige que en su entidad “no se sigan dilapidando los recursos naturales y la energía de la gente, por un esquema de gobierno caracterizado por la frivolidad, el apetito por los medios, cínico, totalmente ajeno a cualquier concepción de servicio público y con un fuerte tufillo a corrupción”
Diputado federal en diferentes legislaturas, ex subsecretario de Gobernación y quien ha ocupado cargos de dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha decidido apostar por la denuncia abierta y no embozada, como la de otros actores políticos, lo que habla bien de su compromiso con Chiapas y el apego a su tierra.
“Chiapas sigue siendo una gran entidad que tiene todo, menos gobierno. El problema es la institución pública. Se ha desprestigiado a nivel del cinismo y se ha convertido en un obstáculo formidable para impulsar el desarrollo del estado. Hablo del gobierno como institución en el sistema mexicano, porque el gobernador de cada entidad es quien irradia, convoca, procura, gestiona, realiza y concreta”, afirma sin eufemismos.
“Las otras esferas del gobierno se impactan siempre de su ejemplo, y si el ejemplo es nefasto, las otras esferas simulan y decepcionan”.
Santiago -quien aspira a aportar algo para propiciar un cambio en la actual situación deplorable en que se debate su estado-, señala sin embargo que un giro es muy difícil.
“Como ciudadano que ve el deterioro institucional y el consecuente deterioro en las condiciones de la sociedad en su conjunto, en los últimos meses me dirigí varias veces a los hoy extitulares de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, al de Gobernación, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a los senadores de Chiapas -y por supuesto, al gobernador del estado-, pero las respuestas fueron insignificantes”, afirma.
En entrevista con el más reciente número de La Revista de México -que también se puede consultar en Internet-, Santiago expone que no quiere pasar a formar parte de “ese coro servil de aceptación incondicional, sino una vez más, mostrar mi congruencia por medio de un libro que detalla todas las gestiones que he hecho y todo lo que he dicho acerca de Chiapas”.
“Chiapas es un caos y los senadores y políticos ambiciosos sólo piensan en quién va a sucederlo en el gobierno. Ya no importan el programa, los compromisos o las acciones”, asegura.
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