Todas las historias poseen aristas, sobre todo en lo que hace a temas relacionados con el combate al crimen. Una versión a veces procede de las autoridades y otra de quienes aparentemente fueron objeto de injusticias en este accionar.
Es el caso de la famosa matanza de Tanhuato, Michoacán, donde 42 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación –atrincherados en una finca que habían arrebatado a sus legítimos dueños y convertido en uno de sus centros de operaciones–, fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad del Estado, en mayo del año pasado.
Algunos así llamados “líderes de opinión” han hecho girones sus vestimentas para proclamarse defensores de la legalidad y reforzar su vapuleada credibilidad, al colocar a los integrantes de las fuerzas federales del país como los peores villanos sobre la tierra y consagrar los delincuentes que se hallaban ocupando el rancho en Tanhuato, casi en calidad de próceres de la patria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado día 19 un informe final sobre el caso en el cual se determinó que fuerzas federales asesinaron “en forma arbitraria” a 22 de 42 miembros del CJNG en Tanhuato.
El que debería actuar como un organismo autónomo –pero que se halla sometido y ligado a las facciones ultras, “progres” y la mayoría de las veces con franco sesgo político–, señaló que la Policía Federal manipuló la escena de los hechos, torturó a dos detenidos y “trató con falta de respeto y dignidad a los cadáveres” de los delincuentes.
El reporte nada dice de este grupo de delincuentes que no eran precisamente una cofradía de monjes caritativos, de la falta de respeto y dignidad de las personas a las que secuestro, asesinó y causó graves daños sicológicos, patrimoniales y morales.
La CNDH señaló que no está claro quién disparó primero, pero afirma que originalmente hombres armados agredieron desde una camioneta a agentes federales, quienes los persiguieron hasta llegar a la finca.
El organismo indicó que hay indicios de que cuando los policías allanaron sin orden judicial el lugar –una lujosa residencia campestre con columnas dóricas de cantera rosada, y ostentosos ornamentos–, sus honorables e inofensivos nuevos moradores se hallaban durmiendo.
La administradora del rancho denunció que integrantes del Cártel de Jalisco habían confiscado la propiedad a sus dueños y que por supuesto no lo hicieron por las buenas.
¿Se podría figurar el lector el siguiente diálogo que obviamente la CNDH sí puede imaginar, porque cree más en la palabra de los facinerosos?
–Señora, buenas tardes: somos un grupo de la delincuencia organizada y quisiéramos que nos facilitara sus instalaciones para poder realizar algunos trabajos, porque ya sabe que necesitamos mucho espacio en esto de los secuestros, el narcotráfico, el derecho de piso y los asesinatos.
–Sí como no. Pásenle, están en su casa. ¿Qué más necesitan?
–Pues por el momento, que nos entregue las llaves de todo el ranchito. No se preocupe por el mantenimiento. Nos encargaremos de barrerlo, pulir las cadenas de los secuestrados, limpiar la sangre y resanar los huecos dejados por las balas en las paredes. Una cosa más: ¿podría firmarnos las escrituras? Aquí, a propósito, viene con nosotros un notario público. No es que desconfiemos de usted, pero…
–Claro que sí, con mucho gusto, apreciables caballeros. ¿Dónde les firmo?
Por supuesto, un diálogo así sería impensable, porque las bandas criminales se apoderan de los bienes de los demás con todo el salvajismo y la brutalidad de que son capaces. Pero de eso la CNDH no dice nada. No se refiere en ningún momento a las violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron despojadas del rancho.
El Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales rechazó que la PF perpetrara una ejecución arbitraria de las 22 personas y aseguró que los agentes repelieron una agresión. El columnista y conductor televisivo Carlos Loret de Mola y el portal en Internet Aristegui Noticias, han hecho una verdadera cruzada contra el gobierno a partir de caso Tanhuato.
A tres meses de que los hechos ocurridos el 22 de mayo en el Rancho del Sol, en los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, Loret de Mola hizo notar que no se habían presentado los peritajes, las autopsias ni un informe oficial sobre el supuesto enfrentamiento en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía federal.
Afirmó que peritajes en su poder –no señala cómo los obtuvo o quién se los filtró, pero seguramente no fue a través de una investigación exhaustiva, sino de una filtración derivada de sus buenos contactos con alguna instancia poderosa– “contradicen la versión oficial: señalan que más del 70 por ciento de las víctimas aparecen con el tiro de gracia en la nuca y un cuerpo no presentaba impacto de bala, sino múltiples golpes; también se concluye que los cuerpos fueron movidos y las armas sembradas”.
Pareciera como si un grupo de “periodistas” con el propósito de ganarse puntos de rating o mejorar su prestigio algo vapuleado –apoyados en grupos de presión que buscan a toda costa arruinar la imagen ya de por sí bastante golpeada del propio gobierno federal–, hubieran hallado en el caso Tanhuato un buen pretexto para lograr sus propios propósitos, aunque con ello empoderen a los delincuentes.
Apartándose de toda norma ética que exige el equilibrio informativo, Loret y Aristegui se olvidan de las verdaderas víctimas –los hombres y mujeres vejados, torturados y asesinados por estos delincuentes–, por quienes la CNDH no lanza tampoco un grito de justicia. ¿Quién habla por las personas que fueron plagiadas y torturadas por los miembros del Cártel de Jalisco?
Tiene razón Ricardo Alemán cuando dice que la CNDH “sólo busca sacar raja política” y que el año pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer un informe puntual del caso en el que dejó claro que no hubo ejecución extrajudicial. Incluso, comenta que fuentes oficiales confirmaron que no había cuerpos con el tiro de gracia que hoy revela la CNDH.
“No hay misterio detrás de este caso. Los policías federales respondieron con fuego cuando fueron recibidos de la misma forma por los delincuentes atrincherados en el rancho”, afirma Alemán y se pregunta “por qué se condena al bando incorrecto”.
En México se ha llegado al extremo de que se lanzan verdaderos gritos de dolor por los delincuentes y criminales de toda la talla por la supuesta violación de sus derechos.
Hay versiones de que algunos de los que se hallaban dentro del rancho eran personas inocentes reclutadas por las bandas criminales, pero eso no está del todo comprobado.
Si en México se quiere que haya justicia debe haberla pareja, para todos, y no sólo para quienes abusan de los demás y violan la ley.
Es legítimo, por supuesto, que se proteste por ejemplo por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, pero también se deben investigar quiénes los enviaron y si es verdad que en uno de los autobuses había un cargamento de droga o de armas.
Se debe llegar al fondo para establecer si efectivamente había infiltrados de Los Rojos entre los desparecidos y si esa posibilidad –de que los normalistas estaban al servicio del narcotráfico–, es la razón por la que Guerreros Unidos actuó con tanta saña contra ellos.
Los falsamente llamados líderes de opinión y también los comentócratas y supuestos analistas políticos, insisten en poner las cosas en blanco y negro, y no en una escala de grises, en el eterno maniqueísmo al que son proclives.
Quienes supuestamente se dedican al “periodismo” –aunque no necesariamente sean verdaderos reporteros, sino comentaristas con derecho a micrófonos y cámaras, que nunca han realizado un verdadero trabajo de investigación periodística pero han brillado por las filtraciones que les excretan desde las altas esfera–, olvidan a la sociedad en su conjunto.
En su desbordada egolatría, y en su afán de más dinero y poder –una arista muy similar a la de los capos de la delincuencia–, relegan a este a la verdadera comunidad mexicana, a este conglomerado que lucha todos los días por ganarse honestamente la vida y superarse, y que está harta de que los maniqueos de derecha e izquierda, con derecho al micrófono, y a conveniencia, les endosen una sola versión de los hechos.
Granos de café
En medio del escándalo mediático escenificado nuevamente por la comentarista Carmen Aristegui, se ha relegado uno de los hechos verdaderamente alarmantes para los mexicanos, como es el cambio a de estable a negativa, la perspectiva crediticia de nuestro país, anunciada por la calificadora internacional Standard & Poor’s, una de las más influyentes en los mercados financieros internacionales.
Esa –y no los petardazos obsesionados y vengativos disfrazados de “revelaciones noticiosas” que se expanden por las redes en beneficio no de la libertad de expresión, sino de entes que usufructúan económica y políticamente el escándalo–, son las informaciones que debieran permear a la sociedad mexicana, para tomar conciencia del riesgo que implica el aumento de la deuda gubernamental.
El anuncio de la agencia Standard & Poor’s de bajar la perspectiva de la calificación de crédito de México de “estable” a “negativa” por el incremento de la deuda pública, lleva aparejado el riesgo de una mayor vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos.
En otras palabras, crece el peligro de un mayor deslizamiento a la baja del peso respecto al dólar, lo que traería consigo, como efecto inmediato, el encarecimiento de nuestras importaciones y el consecuente aumento en los precios de infinidad de productos de consumo regular.
Sin caer en catastrofismos –como los que alienta la señora Aristegui–, habría que tomar muy en serio el que Standard & Poor’s podría bajar la nota (BBB+) dentro de los próximos 24 meses, la cual significa una capacidad adecuada para cumplir pagos, pero más sujeto a condiciones económicas adversas.
Es decir, dejaríamos de tener esa adecuada capacidad de pago de nuestros compromisos financieros, lo que llevaría a una caída en las inversiones productivas y esto a un menor empleo y esto a un mayor nivel de desocupación y esto al crecimiento de la pobreza y esto al aumento de las migraciones y esto a la desintegración familia y un larguísimo etcétera.
Como se puede advertir, esa son las noticias que sí debieran preocuparnos y que por supuesto pasan desapercibidas en los noticiarios que lucran con el morbo social.
La parte alentadora de la calificadora S&P es que espera que la economía mexicana crezca cerca de un 3 por ciento anual entre 2017 y 2019…
Con la reforma en materia de Justicia Cotidiana se busca garantizar mejores salarios, más oportunidades y mayor capacitación laboral en un ambiente de respeto y diálogo permanente, aseguró este martes en Quintana Roo, el senador Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Acompañado del diputado Mario Machuca dirigente de la CROC en Cancún, del secretario general de la central sindical en Quintana Roo, Martin de la Cruz e integrantes del Comité Nacional croquista, el dirigente aseguró que el cambio en el sistema de impartición de justicia laboral, implicará superar prácticas nocivas en las relaciones laborales y abatir los rezagos en la materia. El también senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó el trabajo que vienen realizando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que al paso del tiempo pervirtieron sus objetivos, se desprestigiaron y se convirtieron en centro de extorsión y coyotaje en perjuicio de los usuarios y trabajadores.
Advirtió que “lo que hay que cambiar en materia de justicia laboral será cambiado y nuestras propuestas para eficientar la organización sindical serán tomadas en consideración”. Luego reiteró que hoy la integración de las dirigencias “deben responder estrictamente a los intereses de las bases y no a las recomendaciones, los compadrazgos o a las amistades con las cúpulas”…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]
