A decir verdad/Rubén Iñiguez

AMLO, candil de la calle y obscuridad salarial de su casa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido consistente en sus críticas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros funcionarios, señalando que sus salarios son superiores al suyo, algo que, según él, está prohibido por la Constitución. Esta narrativa, utilizada anteriormente contra figuras como el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, continúa resonando en sus discursos. Sin embargo, este reclamo sigue siendo hueco y selectivo.

Es evidente que López Obrador utiliza los salarios como una herramienta para deslegitimar a sus opositores, mientras ignora convenientemente los altos sueldos de funcionarios que él mismo ha nombrado o defendido. Un ejemplo claro es el del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien recientemente aumentó su salario a 190 mil 035 pesos, notablemente superior a los 129 mil 087 pesos que percibe el propio presidente.

La contradicción no termina ahí. Otros funcionarios cercanos a AMLO también gozan de salarios más altos que el suyo. Graciela Márquez Colín, ex secretaria de Economía y actual funcionaria en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recibe 151 mil 282.99 pesos mensuales. Victoria Rodríguez Ceja, promovida de la Subsecretaría de Egresos al Banco de México, gana 248 mil 553.86 pesos. Estos ejemplos muestran una clara disonancia entre el discurso del presidente y la realidad de los salarios de su administración.

El presidente no solo apunta a los ministros de la SCJN, sino también al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). No obstante, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, percibe un salario de 114 mil 238.84 pesos, inferior al del mandatario federal.

En contraste, los salarios de los funcionarios del INE, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral sí superan el del presidente. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, gana 179 mil pesos; la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, percibe 206 mil pesos; y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto, ganaba 205 mil pesos antes de asumir su cargo actual.

La insistencia de López Obrador en este tema revela más sobre sus intenciones políticas que sobre un verdadero compromiso con la austeridad. Al centrarse en los salarios como un arma política, desvía la atención de otros asuntos más importantes que debió de atender su gobierno.

Espero que en septiembre, luego de que entren los nuevos diputados de Morena, no salgan con una ocurrencia modificando la constitución y decreten que hasta los empresarios o cualquier ciudadano mexicano, no pueda ganar más que el presidente.