A decir verdad/Rubén Iñiguez

¿Supremacía Constitucional o Supremacía del Poder?

La reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados, que limita el alcance de amparos y controversias constitucionales, pone en la mira un principio esencial: la supremacía constitucional. Bajo el discurso de proteger esta supremacía, los legisladores de Morena, PT y PVEM impulsan una medida que podría debilitar el equilibrio entre poderes y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Pero, ¿qué significa realmente la supremacía constitucional? Básicamente, que la Constitución está por encima de cualquier otra norma y garantiza un marco legal claro, estable y justo. Este principio asegura que todos —incluido el mismo Estado— respeten los límites impuestos para proteger los derechos de los ciudadanos. 

Sin embargo, la idea de que ninguna reforma constitucional pueda ser frenada por el Poder Judicial abre un debate fundamental sobre el papel de los jueces en la defensa de esos derechos.

Los defensores de la reforma aseguran que buscan proteger la soberanía del Poder Legislativo y evitar que decisiones “democráticas” queden frenadas por decisiones judiciales. Sin embargo, en un contexto en el que las reformas más polémicas son impulsadas por una mayoría oficialista, surge la duda de si esta medida no es, en realidad, un intento de proteger esas mismas reformas de cualquier escrutinio judicial.

Desde el punto de vista histórico, el Poder Judicial ha sido un contrapeso vital en sistemas democráticos, especialmente en tiempos en que los poderes Ejecutivo y Legislativo parecen avanzar en una misma dirección sin oposición. La posibilidad de que la Constitución esté blindada de revisiones judiciales no fortalece la democracia, sino que amenaza con convertirla en un instrumento de poder absoluto.

Así, lo que se presenta como una defensa de la supremacía constitucional podría en realidad abrir la puerta a una supremacía del poder político sobre la ley, limitando los recursos legales de ciudadanos y organismos para cuestionar reformas que afectan sus derechos. En una democracia, la Constitución no solo protege al Estado de abusos, sino también al ciudadano del propio Estado.