A decir verdad

Extradición y pena de muerte para los grandes capos

La reciente extradición de 29 presuntos narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos marca un hecho sin precedentes en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Entre ellos se encuentran líderes y operadores de los cárteles más poderosos del país, incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. Con estos traslados, el gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la administración de Donald Trump, refuerza su postura de tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y procesar a sus miembros con la máxima severidad, incluso con la posibilidad de la pena de muerte.

El mensaje es claro: Washington no solo busca castigar a los responsables de inundar su territorio con fentanilo, cocaína y metanfetamina, sino también enviar una advertencia a los cárteles que han desafiado por décadas el poder del Estado mexicano. Para la administración estadounidense, la lucha contra el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional y un tema central en la agenda política de Trump, quien ha insistido en que estos grupos criminales deben ser tratados como terroristas.

Uno de los nombres más notorios en esta lista de extraditados es Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Su llegada a Estados Unidos representa un triunfo simbólico para la agencia antidrogas, que lo persiguió durante casi cuatro décadas. También figuran Martin Sotelo, implicado en el asesinato de un ayudante del sheriff en Carolina del Norte, y Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, líder del CJNG.

El endurecimiento de las acciones estadounidenses contrasta con la política mexicana, que en los últimos años ha sido más cautelosa en la persecución del narcotráfico. La estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticada por sus vecinos del norte, quienes han presionado por una respuesta más firme ante la crisis del fentanilo. La extradición masiva parece ser una señal de que México está dispuesto a ceder el control de la justicia en estos casos, permitiendo que los criminales sean juzgados en territorio estadounidense, donde las penas son más severas y las posibilidades de negociación son mínimas.

Esta estrategia deja en evidencia el reconocimiento de que el sistema de justicia mexicano ha sido rebasado. La extradición es una salida fácil cuando la corrupción y la impunidad han impedido que los grandes capos enfrenten consecuencias reales en su propio país. En ese sentido, más que un éxito diplomático, lo que hoy presenciamos es la confirmación de que la lucha contra el narcotráfico sigue dependiendo de Estados Unidos.

El impacto de estas extradiciones se reflejará en la reconfiguración del crimen organizado en México. La ausencia de estos líderes generará nuevos equilibrios de poder dentro de los cárteles y abrirá espacios para otros actores en el narcotráfico. Mientras no haya una estrategia integral que ataque las causas estructurales de la violencia y la impunidad, la extradición seguirá siendo solo un remedio temporal a un problema de raíces profundas.