A decir verdad

Sheinbaum abre la puerta a la persecución política

Claudia Sheinbaum acaba de dar un paso que preocupa a cualquiera que valore la libertad en México. Al anunciar que investigará a los ciudadanos que convocaron la marcha del 15 de noviembre, la presidenta encendió una alarma que no debe ignorarse.

Primero dijo que eran bots. Luego aseguró que los manipulaba la derecha. Y ahora quiere saber quiénes son. Esa evolución no es casual: es la ruta clásica para desacreditar, señalar y después investigar a quienes piensan distinto.

Lo más grave es que marchar, protestar o expresar inconformidad se ha convertido en motivo de sospecha. Un derecho constitucional transformado, de pronto, en una conducta casi criminalizada.

Así empiezan siempre las persecuciones: primero con descalificaciones, luego con estigmas, y finalmente con el aparato del Estado buscando nombres, rostros y motivos. Es un camino que ya conocemos y que nunca termina bien.

Cuando el gobierno prefiere investigar ciudadanos en lugar de escuchar sus demandas, el mensaje es claro: la crítica es peligrosa, la disidencia incomoda y la protesta molesta. Y ese mensaje no solo intimida, también limita la participación pública.

La función del poder no es vigilar ciudadanos, sino proteger sus libertades. Pero desde Palacio Nacional parece haberse extraviado esa idea. Hoy más que nunca, muchos mexicanos sienten que alzar la voz podría tener consecuencias.

México ha luchado demasiado para conquistar sus libertades como para permitir que se retroceda. Investigar a quienes marchan no fortalece al país; lo debilita. Y un gobierno que teme a su gente termina alejándose de ella.

El verdadero desafío no es identificar a los convocantes de una marcha, sino atender las razones que llevan a miles a salir a las calles. Si el gobierno no escucha, la inconformidad solo crecerá.