A decir verdad

Censura disfrazada de justicia: el caso de Jorge Luis González Valdez

El 15 de julio de 2025 se dictaron en Campeche unas de las medidas más preocupantes contra la libertad de expresión en México en tiempos recientes. Una jueza de control interina, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ordenó al periodista Jorge Luis González Valdez y al medio Tribuna abstenerse de mencionar a la gobernadora Layda Sansores durante dos meses. Además, cualquier contenido relacionado con la mandataria deberá ser revisado y aprobado previamente por un interventor judicial. En otras palabras, se ha instaurado un régimen de censura previa, algo que nuestra Constitución y los tratados internacionales rechazan de forma categórica.

Estas disposiciones se justifican como una “medida cautelar” ante una denuncia por presunto “discurso de odio”, pero en el fondo representan una herramienta jurídica para silenciar al periodismo incómodo. Resulta escandaloso que se nombre un censor oficial con capacidad de vigilar grabaciones, conferencias y publicaciones de un periodista con más de 40 años de trayectoria. La narrativa del supuesto “odio” sirve como pretexto para invalidar el disenso, incluso cuando se trata de opiniones legítimas sobre la gestión de un gobierno.

La revocación previa de las medidas que buscaban cerrar Tribuna y prohibirle a González ejercer el periodismo por dos años fue celebrada como una victoria para la libertad de prensa. Sin embargo, las nuevas restricciones impuestas son igualmente alarmantes. Obligar a un medio a someterse a una especie de supervisión editorial del poder judicial es un acto de censura previa que vulnera principios básicos del periodismo libre.

En lugar de proteger la democracia, este tipo de decisiones la erosionan. No puede haber verdadero debate público si los periodistas deben pedir permiso para hablar de quienes ostentan el poder. Las medidas impuestas en Campeche no solo violan derechos individuales, sino que también envían un mensaje amenazante al resto de los medios y periodistas del país: el poder político puede usar a los jueces para callarte.

La reacción de organizaciones como Artículo 19 y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores AC, no se ha hecho esperar. Han señalado que este caso sienta un precedente muy peligroso, al abrir la puerta a que cualquier funcionario público se convierta en censor de sus críticos. Y aunque el gobierno campechano se defiende con el argumento de “prevenir delitos”, lo cierto es que los tribunales están siendo utilizados para perseguir a la prensa.

El propio periodista afectado, Jorge Luis González Valdez, ha calificado estas medidas como “aberrantes” y contrarias a la Constitución. A sus 71 años, conoce perfectamente los vaivenes del poder y las tentaciones autoritarias que acechan incluso en sistemas democráticos. No es la primera vez que se enfrentan intentos de censura, pero lo inédito aquí es el aval judicial que legitima ese silencio forzado.

Hoy, más que nunca, es necesario que las instituciones nacionales e internacionales encargadas de proteger la libertad de expresión —como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Relatoría de la ONU— se pronuncien con firmeza. Lo que está en juego no es solo el derecho de un periodista a ejercer su profesión, sino la salud misma de la democracia mexicana.

La libertad de expresión no puede ser rehén de los intereses políticos. Si una crítica incomoda, debe ser respondida con argumentos, no con mordazas judiciales. Porque cuando el poder calla a la prensa, lo que sigue no es el orden ni la justicia, sino el silencio de los abusos.