A decir verdad

De la toga al trapazo electoral

La reforma al Poder Judicial, que prometía mayor legitimidad y apertura ciudadana, ha terminado por exhibir un nuevo filón de ambición política. Lejos de convertirse en una vía para profesionalizar y fortalecer la justicia en México, se ha abierto una especie de “bolsa de trabajo” para políticos frustrados o desplazados. 

Tras la primera elección de jueces y magistrados federales, algunos con apenas 40 mil votos, ya hay quienes están viendo este proceso como su próximo plan B.

El 2027, año de la segunda vuelta de elecciones judiciales, pinta para convertirse en la gran oportunidad de reciclaje político. Aquellos que no logren colarse a una diputación, senaduría o regiduría, ya saben que pueden amarrarse a un partido con buena proyección electoral y entrar a la boleta judicial en paquete, como quien reparte plurinominales. Todo con tal de asegurar nueve años de salario cómodo, fuero encubierto y un cargo que solía estar reservado para perfiles técnicos y especializados.

Lo preocupante no es solo el oportunismo de siempre. Lo grave es la naturalización del saqueo institucional. El Poder Judicial, históricamente apartado —al menos en la forma— de los repartos partidistas, ahora se somete a la misma lógica clientelar que el resto de las estructuras de gobierno. Se están trasladando las mañas del Congreso y los Ayuntamientos a los tribunales. Y eso tiene consecuencias profundas para la justicia.

Porque un juez que llega al cargo por cálculo político y no por méritos jurídicos, difícilmente será imparcial. Y si además entra cobijado por un partido, será juez, pero no será neutral. La justicia que México necesita —la que tanto se invoca en los discursos— no puede depender del padrinazgo político, ni de las alianzas entre tribus que hoy controlan el poder.

La elección judicial, presentada como un avance democrático, terminó por ser una coartada perfecta para disfrazar cuotas con votos. No se está democratizando el Poder Judicial, se le está contaminando. Las urnas, que deberían ser un instrumento de representación popular, ahora se usan para legitimar nombramientos que se deciden en las cúpulas.

Es cierto que el sistema anterior no estaba libre de vicios. Las designaciones a puerta cerrada, los favores entre élites jurídicas y la falta de transparencia eran parte del problema. Pero esta nueva fórmula no lo corrige: lo cambia por otro vicio. Ahora no serán solo los jueces amigos del presidente en turno, sino también los jueces amigos de los partidos con mayoría. Cambia el nombre del patrón, pero no el fondo del problema.

Lo que está en juego no es menor. Un Poder Judicial débil, colonizado por políticos, es un riesgo para cualquier democracia. La independencia judicial no es un adorno institucional, es una garantía para todos los ciudadanos. Si el juez responde a un jefe político, no va a defender tus derechos, sino los intereses de quien lo llevó ahí.

Lo más lamentable es que esta reforma, impulsada con el pretexto de acercar la justicia al pueblo, ha terminado por convertir al sistema judicial en otra oficina de colocación. Y como en tantas otras áreas de la vida pública en México, el talento se queda fuera, y lo que entra es el compadrazgo. De la toga al trapazo, el deterioro ya está en marcha.