Ventana/José Cárdenas

México es un país de injusticia e impunidad retorcidas, sólo vencidas a veces por escándalos ventilados urbi et orbi en los medios de comunicación azuzados por las redes sociales.

Van sólo dos botones de muestra irritantes: los pavorosos casos del kínder Matatena y Los Porkys de la Costa de Oro.

En el primero, las autoridades de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, hubieron de recular, desempolvar y corregir un asunto que había recibido carpetazo en diciembre pasado por considerarlo un tema administrativo. Gracias a la presión social se reactivó la investigación previamente desahuciada; hubo nuevos peritajes y la Procuraduría actuó de manera “pronta y expedita” para capturar al probable pederasta, Rafael Leopoldo Duarte Pereda acusado de abusar sexualmente de tres niños de cuatro años; podría purgar entre 13 y 37 años de prisión, pena que a los sesenta años de edad del acusado equivalen a una cadena perpetua. ¿Merecería menos?

En el segundo caso, el de los puercos Porkys, sólo el escándalo mediático logró despertar a la Fiscalía veracruzana tras largos meses de sospechoso letargo. La captura de Enrique Capitaine precipita un proceso que debió ventilarse en los juzgados desde un año.

Capitaine, quien había huido a Houston, fue detenido en Torreón, Coahuila, mientras compraba un café; ya está en el Penalito de Playa Linda –vaya paradoja. Falta capturar a sus cómplices aún prófugos, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Cruz Alonso.

El trío de juniors delincuentes deberán responder por el delito de pederastia simple por la agresión sexual de la menor Daphne Fernández, ocurrida en enero del año pasado. La pena máxima por el delito podría significar de seis a 30 años de cárcel, para cada uno.

Los tres Porkys serán juzgados aunque ya fueron condenados. La opinión pública dicto sentencia inapelable por lo que hicieron, y sobre todo por lo que son: abusivos violadores hijos de familias “influyentes” decididas a pagar por la impunidad para encubrir a sus mirreyes malcriados.

Si el fiscal estatal, Luis Ángel Bravo, hubiese cumplido con su obligación nunca se hubiese generado la presión social que mantiene al país a la espera del desenlace de una historia turbia, ventilada en los medios, lo cual, por cierto, podría marcar la decisión de los jueces más allá de lo que digan las pruebas.

En el caso Matatena ocurre lo mismo.

EL MONJE PROVOCADOR: ¿Se vale pisotear los debidos procesos que merecen hasta los peores criminales? No, aunque usted opine lo contrario.

@JoseCardenas1 | [email protected] | www.josecardenas.com

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