El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es todavía un proyecto que enfrenta duras resistencias en el Congreso. Los legisladores intercambian acusaciones de querer cocinar una reforma “a modo”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron acusados por Miguel Barbosa Huerta, jefe de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, de querer imponer la iniciativa original y de oponerse a la llamada “Ley 3de3”, promovida por una coalición de organizaciones civiles que plantea la obligación de que los funcionarios y legisladores presenten sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de conflicto de interés.
La reforma pretende que el Sistema Nacional Anticorrupción sea controlado a través de dos elementos: mayores atribuciones que las previstas en la Constitución, para la Secretaría de Control Interna -como se rebautizará a la Secretaría de la Función Pública-, y la designación de un fiscal anticorrupción que controle los elementos e instancias gubernamentales.
Sin embargo estamos en la última semana del periodo ordinario de sesiones, que concluye hasta el 30 de abril y todavía no se ve la luz al final del túnel. Parece que nadie da su brazo a torcer, lo cual es muy mala noticia, porque quiere decir que la iniciativa podría estancarse y enviarse al siguiente período de sesiones.
Barbosa destacó que el PRD, el Partido Acción Nacional (PAN), y las ONG’s aprobaron documentos únicos de 7 leyes, que constituyen el andamiaje legal anticorrupción, pero el PRI y el Verde parecen no estar de acuerdo.
Según el legislador, estos 2 partidos tiene la pretensión de que no haya leyes anticorrupción que apliquen para ellos, es decir, ni para los parlamentarios ni para los partidos. Intentan que sólo se instrumente para la sociedad en general.
Y aún si la iniciativa se dejara sin discutir en este período, habría que convocar a uno extraordinario, porque se ha establecido en un artículo transitorio de la Constitución que no puede rebasar el 26 de mayo.
Barbosa señala que las 7 leyes del SNA no podrían aprobarse con una mayoría simple y acusó a “un segmento privilegiado de la sociedad” de estar cerrando el paso a esta reforma, justo cuando se tiene la oportunidad única de diseñar un sistema para que funcione la vida pública, y sectores de la vida social y económica, a fin de combatir la impunidad.
Justo hace poco más de un año, el Senado aprobó una ambiciosa reforma a la Carta Magna en materia de combate a la corrupción, que pavimentó el camino a la SNA, después de que había hecho lo propio poco antes la Cámara de Diputados.
Aunque en su momento lo aprobado dejó insatisfecha a la oposición y a expertos y líderes de opinión por considerarla limitada e insuficiente -bajo el argumento de que será incapaz de frenar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de todos los niveles-, de todos modos se ha hecho hasta lo imposible por frenarla en el proceso para aplicar los cambios en las leyes secundarias.
Originalmente, la oposición buscó introducir enmiendas para que existiera la posibilidad de procesar al presidente de la República por actos de corrupción, pero fue parado en seco por las bancadas del PRI y su fiel aliado el Verde.
La Constitución establece que el primer mandatario sólo puede ser acusado por “traición a la Patria” y delitos graves del orden común, y así seguirá siendo.
El PAN quería que al presidente se le pudiera acusar también de ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencias o cohecho, como se suele hacer en otros países.
Tampoco se podrá tocar a los legisladores por el reparto de recursos para obras públicas en la Cámara de Diputados -los llamados “moches- que como se sabe consisten en las jugosas comisiones que los parlamentarios cobran a las empresas que ganan los contratos o a los municipios que obtienen los recursos. Hay que recordar que en muchos países el “moche” o su equivalente un delito y es una práctica equivalente a un soborno, pero no en México, el paraíso de la impunidad y la corrupción.
La legislación constitucional también excluyó la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios, como gobernadores, alcaldes y legisladores, que para ser removidos primero tienen que ser desaforados, es decir, sometidos a un juicio político.
La legislación tampoco incluye la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos, aunque esto sí podría cambiar si se aprueba la “Ley3de3”.
86 MIL MILLONES DE DÓLARES DE PÉRDIDAS POR LA CORRUPCIÓN
La corrupción ha provocado pérdidas al país por 86 mil millones de dólares en la última década, desvía inversiones directas millonarias que podrían destinarse a mejorar la vida de la gente y las comunidades y genera una pérdida de al menos 2 por ciento en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), según algunos expertos.
Pero a pesar de que muchos gobernantes siguen gozando de una coraza protectora que los pone a salvo del brazo de la justicia, la reforma que se aprobó en la Constitución tiene lo suficiente para frenar el flagelo de la corrupción.
Por ejemplo, otorga mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, que ahora ya no hará sólo informes anuales, sino también podrá realizar inspecciones en tiempo real sobre fondos y fideicomisos gubernamentales.
Además, crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obliga a los funcionarios y empleados del gobierno a presentar una declaración patrimonial y otra de conflicto de intereses, ambas bajo juramento y por primera vez también obligaría a incluir la declaración de impuestos. Un cruce efectivo entre las tres permitiría descubrir si hay alguna cosa chueca en el expediente de un funcionario o legislador.
La reforma aprobó la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y prevé sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción.
México ha enfrentado una serie de escándalos recientes en los que se han visto involucrados partidos políticos, empresarios, alcaldes, asambleístas, gobernadores y hasta el mismo presidente de la República.
Está por ejemplo el caso del ex delegado perredista en Iztapalapa, Jesús Valencia, quien como se recordará tuvo un choque cuando iba manejando en estado de ebriedad en la zona de San Jerónimo durante una madrugada del año pasado y se descubrió que la camioneta de lujo que manejaba era de una empresa que había recibido contratos de la jurisdicción.
Otro asambleísta del Distrito Federal, Edgar Borja, se vio obligado pedir una licencia indefinida para ser investigado luego que un diario local publicó una grabación donde negocia un contrato de digitalización de documentos, captura de datos y archivos a cambio de jugosas comisiones.
Esto, sin contar la denuncia hecha contra la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, quien adquirió una residencia en las Lomas de Chapultepec -valuada en 7 millones de dólares- al inicio de la gestión de su esposo, a un precio de apenas unos 4 millones.
Se la vendió el empresario Armando Hinojosa, del Grupo Higa, contratista del gobierno, quien por cierto apareció como uno de los inversionistas de paraísos fiscales en los papeles filtrados por un bufete de abogados panameño hace unas semanas.
Luego se supo que el secretario de Hacienda Luis Videgaray, uno de los hombres más cercanos a Peña, adquirió del mismo empresario otra lujosa casa de campo, de unos 400 mil dólares en un club de golf en Malinalco, Estado de México.
Otro caso notorio de presunta corrupción fue protagonizado por el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, acusado de enriquecimiento ilícito después de que compró unos 4.5 millones de dólares en acciones del Banco Progreso Chihuahua.
En toda esta cadena de escándalos, no quedaron al margen empresarios y banqueros como Rafael Olvera, de Ficrea, una sociedad financiera intervenida por el gobierno bajo la sospecha de lavado de dinero y tras estafar a cientos de ahorradores a quienes se atraía con tasas de interés dos y hasta tres veces más altas que las promedio en el mercado.
El único empresario detenido por corrupción en octubre pasado fue Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, ex contratista de PEMEX y ex propietario del club de fútbol Querétaro, que defraudo a Banamex, por 585 millones de dólares al presentar facturas apócrifas de cuentas por cobrar de PEMEX.
Ya el pasado 12 de diciembre, los diputados anunciaron que se irían de vacaciones sin aprobar el SMA ante la falta de acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Hoy amenazan con hacer exactamente lo mismo, y no sólo se trata de desacuerdos, sino aparentemente de un deliberado intento por obstruir cualquier iniciativa que obligue a la clase gobernante a rendir cuentas y a transparentar su actuación.
La alianza de ONG’s que está impulsando la ley “3de3” y logró que fuera incluida en la agenda de discusiones del Congreso ha dicho que no se va a cansar hasta que se apruebe.
Los legisladores del PRI y PRD han enviado señales de que tampoco se van a cansar con tal de obstruir esta reforma.
Sin embargo, lo más peligroso no es ninguna de las dos alternativas sino una tercera: que se apruebe una reforma “light”, totalmente desprovista de mecanismos que la hagan aplicable o que sólo sea capaz de combatir a medias un fenómeno que día a día crece y cuyo combate no admite aplazamientos.
La corrupción es como un cáncer que corroe el cuerpo social. Se mete hasta la médula de las estructuras gubernamentales, pero siempre es el ciudadano que paga los impuestos, sobre quien recae el costo de este “aceite” que lubrica la maquinaria de la administración pública.
GRANOS DE CAFÉ
La crisis de confianza y credibilidad en las instituciones no es producto de un hecho coyuntural, sino de la experiencia histórica de la sociedad mexicana, que sistemáticamente ha sido engañada por los gobiernos en turno. Este descrédito gubernamental resulta precisamente por el inadecuado manejo de los temas más sensibles a los mexicanos que, invariablemente, esconden el lado negativo de reformas que pudieran, incluso, tener un objetivo social positivo.
Tal es el caso de la inminente reforma al Sistema Nacional de Pensiones que se ha anunciado veladamente desde hace meses y que funcionarios de primer nivel como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray o el director del IMSS, Mikel Arriola, insisten en negar un día sí y otro también, lo que sólo resulta en una mayor alarma social.
Ahora le tocó el turno de negar un hecho casi inminente a Mikel Arriola, quien al participar en la Semana Nacional de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados -organizada por el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredista Fernando Mayans-, insistió en que en el IMSS las pensiones están plenamente garantizadas y no hay ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones.
Pero no conforme con su aseveración -el promedio de las pensiones del IMSS es de mil 600 pesos mensuales- insistió en que el Instituto está comprometido con el fortalecimiento del modelo de seguridad social, versión igual de irreal, ya que por todos los medios se ha buscado demoler el derecho de los trabajadores a una atención médica de calidad y a pensiones remunerativas.
Nada más ilustrativo de ello que los “ahorros” que el propio Mikel Arriola anunció ante legisladores como los 6 mil 141 millones de pesos que “se dejaron de gastar” con la compra consolidada de medicamentos.
Eso traducido a la realidad, significa una mayor dosificación de los medicamentos y la suspensión de fármacos cuyo costo es simplemente inaccesible para el grueso de los mexicanos.
Tampoco es muy cierto que se beneficie a los derechohabientes con la racionalización de recursos del IMSS, porque ello equivale a despidos, sino directos, si indirectos por el cierre de empresas proveedoras del IMSS que ya no serán contratadas.
Para muestra de la gran retórica que acompaña los pronunciamientos de los funcionarios, hace sólo dos semanas -y precisamente en la Cámara de Diputados-, se dio un debate en el que el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), Carlos Noriega Curtis, conminó a los legisladores a atender oportunamente la problemática de las pensiones, bajo la advertencia de que omitirla provocaría una crisis en las finanzas públicas que incidiría en el empleo y el nivel de vida de los mexicanos.
“Es muy preocupante pensar que con un saldo de 46 mil pesos en las cuentas individuales se tendrán pensiones dignas. Ello nos lleva a una permanente dependencia de recursos fiscales, porque quien tiene que aportar lo que hace falta para que el trabajador tenga garantizada una pensión fija, es el gobierno”, señaló.
Al respecto, la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, consideró que en el próximo periodo la Cámara de Diputados deberá trabajar en el mejoramiento de los sistemas de pensiones en México para que la fuerza laboral tenga un retiro digno.
Quizá la legisladora omitió que hay una iniciativa desde el año pasado para reducir de 25 a 15 salarios mínimos la pensión máxima que actualmente se otorga y a la que literalmente sólo tienen acceso los trabajadores de élite con salarios superiores a los 50 mil pesos mensuales.
Con todo, ese cambio ya es promovido y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció una jurisprudencia al respecto, al rechazar la pretensión de un particular para que su pensión fuera mayor a 10 salarios mínimos.
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