Urge diputado tecnificación de penales y sugiere otro para el Topo Chico

GUADALAJARA, Jal., 4 de junio de 2016.- Para habilitar el Centro de Readaptación Social de Topo Chico, Nuevo León y dejarlo en condiciones de funcionamiento, se necesitan 50 millones de pesos, pero no es la solución ideal, aseguró el diputado Waldo Fernández González, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Además, subrayó la necesidad de que los penales se tecnifiquen de la mejor forma para «evitar que el recurso humano tenga que estar cuidando a los reclusos y se concentre en abatir la inseguridad al exterior de los penales».
El diputadao aseguró que mediante un comunicado que «lo ideal, es la construcción de otro penal. Necesitamos el recurso para hacer los filtros pertinentes y evitar que haya la posibilidad de que los internos se muevan de lugar”, detalló el legislador.
Fernández González explicó que la construcción de un nuevo centro penitenciario «podría realizarse al sur de la entidad y requiere una inversión de seis mil millones de pesos que podrían aportar la federación y el gobierno de Nuevo León en partes iguales».
De acuerdo con el legislador, el principal problema del Penal de Topo Chico son sus instalaciones construidas hace más de 50 años, las cuales no fueron diseñadas para contener a reos de alta peligrosidad; además, no cuenta con los suficientes filtros para separar a los internos de alta, mediana y baja peligrosidad, aunado a que los delincuentes pretenden continuar sus actividades ilícitas desde el interior del penal, lo que facilita la instalación de autogobiernos.
Advirtió que mientras no se atienda el problema en materia de infraestructura, seguirán presentándose hechos de violencia en los penales en donde han fallecido 51 personas tan sólo en lo que va del año.
Fernández González explicó que organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), trabajan en programas que incluyan a la familia de los reos en la reinserción de los mismos a la sociedad, a través de programas sociales para que no se vean en la necesidad de delinquir para mantener al interno o al resto de sus familiares.