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GUADALAJARA, Jal., 6 de febrero de 2026.- Organizaciones civiles, universidades y especialistas plantearon la necesidad de que Jalisco adopte un modelo propio de reforma judicial para mitigar los riesgos de la reforma federal de 2024 y fortalecer la independencia de jueces y tribunales locales, durante el encuentro La reforma judicial que Jalisco necesita, realizado en Guadalajara.
El foro fue convocado por Juicio Justo, Coparmex Jalisco, UNIVA, la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ITESO, la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Panamericana y Jalisco Cómo Vamos. Ahí se analizó tanto el impacto de la elección popular de jueces como las alternativas que tiene el estado dentro del marco constitucional para reducir riesgos de politización, presiones externas o captura de los tribunales.
Especialistas coincidieron en que Jalisco aún tiene margen para definir reglas propias y salvaguardas institucionales que eviten una “reforma espejo” de la federal. La discusión giró en torno al llamado “Modelo Jalisco”, que propone que el voto popular sea el último paso de un proceso previo de evaluación estricta de perfiles.
La iniciativa ciudadana presentada plantea que la ciudadanía solo pueda votar entre candidaturas previamente evaluadas y acreditadas. Para ello se propone un filtro que incluya certificación obligatoria, exámenes de oposición teóricos y prácticos, simulación de sentencias, evaluación curricular objetiva, pruebas psicométricas y revisión de integridad, incluida la declaración Tres de tres.
También se sugieren entrevistas públicas con participación ciudadana para transparentar los perfiles.
Otro punto central es el rediseño de los órganos disciplinarios.
Los participantes advirtieron que un mal diseño puede usarse como mecanismo de control sobre jueces, por lo que propusieron crear un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades acotadas, debido proceso interno y una prohibición expresa de sancionar por el contenido de las sentencias o por el criterio jurídico, limitando su actuación a faltas administrativas claramente definidas.
Además, se planteó fortalecer la carrera judicial y cambiar los criterios de adscripción para evitar que los distritos en disputa se vuelvan espacios de movilización ilegal o presión política.
La propuesta es asignar cargos mediante listas basadas en mérito, calificaciones, desempeño y necesidades del servicio.
Uno de los temas con mayor consenso fue la necesidad de reforzar la protección de derechos humanos a nivel local, ante lo que se considera un debilitamiento de herramientas federales como el amparo.
En ese sentido, se propuso crear una Sala Constitucional en Jalisco y un Juicio de Protección de Derechos Humanos estatal, con procedimientos más simples, tiempos razonables y lenguaje accesible para la ciudadanía.
Las y los participantes destacaron que la reforma judicial no solo es un debate sobre cómo se eligen jueces, sino sobre si las personas pueden acceder realmente a la justicia, especialmente quienes hoy no litigan por costos, tiempos o barreras técnicas.
Durante el encuentro también se advirtió que la reforma federal ha sido cuestionada por instancias internacionales por posibles tensiones con estándares de independencia judicial.
Se alertó sobre el riesgo de captura por partidos políticos, poderes económicos o incluso estructuras criminales en contextos electorales.
Asimismo, se recordó que México enfrenta un déficit de jueces por habitante, por lo que cualquier reforma debería ir acompañada de más presupuesto, mejor gestión de cargas de trabajo, digitalización y mejora de procesos judiciales.
El foro cerró con un exhorto al Congreso del Estado para que priorice una reforma técnica y con enfoque ciudadano, en lugar de una adaptación mínima del mandato federal.
Los organizadores y especialistas insistieron en que la justicia es un pilar de certeza social y económica, y que el reto es asegurar que, incluso con voto popular, lleguen a los cargos las personas más capacitadas, íntegras y comprometidas con el interés público.




