Mujeres exigen poner orden en el tema de violencia de género

PUERTO VALLARTA, Jal., 17 de agosto de 2020.- Al recordar que la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a los Derechos Humanos, debido a que “es natural, intencional, dirigida, va en aumento y es un abuso de poder”, colectivos feministas hicieron puntuales exigencias tanto al Gobierno del Estado y sus secretarías, así como al ayuntamiento de Puerto Vallarta y a los poderes Legislativo y Judicial para poder erradicar la violencia de género en la entidad.

En rueda de prensa virtual, representantes del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, Colectivo MAM, Vallarta FEM, Colectiva Puerto Feminista y otras colectivas y mujeres a título personal, detallaron las deficiencias que cada una de las instituciones y gobiernos han tenido en torno al tema.

Destacaron que en el primer semestre de 2020 suman ya 67 denuncias por abuso sexual infantil en esta ciudad, siendo la más reciente la del caso de la menor de 10 años, presuntamente abusada por el ex director de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta.

Al respecto, destacaron que la Fiscalía Regional del municipio cometió omisiones y graves faltas a la integración de la carpeta de investigación CI2712/2020 número CA 71/2020, al ser omisa en no perseguir más de dos agravantes, al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio y como corolario de las barbaridades cometidas.

A la par, detallaron una serie de recortes presupuestales en materia de prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres tanto en el municipio como en el estado.

Señalaron la omisión por parte del gobierno municipal en atender las exigencias de los colectivos, además de la falta de legislación por parte del Congreso del Estado en este rubro.

De tal manera que exigieron al gobierno del estado reintegrar los recortes presupuestales priorizar el tema de violencia dentro del proyecto de presupuesto 2021.

Al ayuntamiento de Puerto Vallarta exigen que entregue un informe realizado por la Contraloría del municipio respecto a la investigación de la conducta del ex director de Recursos Humanos de la policía local, así como informe las acciones que se han realizado en materia de prevención y todos los mecanismos aplicados en contra de la violencia de género, entre otras más exigencias.

Asimismo, al Tribunal de Justicia del Estado, llamaron a que instrumente mecanismos de evaluación del personal jurídico, a efecto de corroborar que cuentan con los conocimientos y herramientas de máxima protección de derechos, a la par de que se selecciona a los jueces que están en los juzgados escritos al Centro de Justicia para Mujeres.

Exigieron también a la Fiscalía General del Estado la designación de un ministerio público con perspectiva de género que sea quien lleve el mando y conducción de la investigación en el caso de la menor de 10 años.

Que se amplíe la línea de investigación a los delitos de privación ilegal de la libertad y tentativa de prostitución infantil, además, entre otras cosas, garantizar la capacitación y especialización de las y los funcionarios responsables de la procuración de justicia en materia de Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género.

Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, exigieron peritos calificados para elaborar los dictámenes en caso de agresión sexual a menores, en tanto que al Congreso del Estado llamó a armonizar la legislación local en materia de delitos sexuales cometidos contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres que garantice la incorporación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres y del interés superior de la niñez.

Por lo anterior, realizarán un análisis jurídico de la apelación, además de que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones cometidas en la integración de la carpeta, así como continuarán con la presión para la debida integración de la carpeta de investigación, así como el aporte de las pruebas, trabajando con junto con el alto comisionado de los Derechos Humanos en el seguimiento de la integración de la carpeta y en la asistencia multifactorial a la menor y a su familia.