Según un comunicado de prensa, como parte del plan de trabajo anual que aprobó en reunión ordinaria, la comisión incluirá en el actual marco jurídico el seguimiento puntual de los indicadores de alerta de género, atenderá la falta de mecanismos de seguridad y aumentará el tema de la prevención de violencia.
“No sólo es que se active la alerta de género, sino que realmente haya políticas públicas de prevención, con atención a las instancias encargadas en cada entidad federativa, para que se pueda disminuir la violencia hacia las mujeres, la cual se ha incrementado en los últimos años”, sostuvo.
Aseguró que no hay cifras claras de cuántas mujeres son víctimas de violencia de género. Según el Inegi, comentó, 63 por ciento de los más de 53 millones de mexicanas (es decir, 33.3 millones) ha sufrido algún tipo de violencia, pero cifras de la Base de Datos que mide la Violencia hacia las Mujeres, solamente se presentaron 118 mil denuncias hasta el corte del 2015.
Anunció que reforzarán el trabajo para armonizar la legislación federal en cada uno de los Congresos locales, algunos de los cuales no lo han hecho al 100 por ciento.
Dijo que aún falta promocionar la cultura de la denuncia, por lo que se debe entrar de lleno con cada uno de los órdenes de gobierno, para que emprendan políticas públicas de sociabilización con el propósito de que las mujeres entiendan que la violencia que viven no es normal.
“No es normal que nos violenten, sufrir agresiones, ni malos tratos; debemos también asegurar todo el tratamiento psicológico y la atención integral a las víctimas”, puntualizó.
Aclaró que no basta con sólo brindar la atención adecuada y oportuna, además de dar castigo al agresor, sino que debe empoderarse económicamente a la víctima.
“Si no tienen asegurado el sustento de su familia, el sustento de sus hijos, muy difícilmente van dejar el hogar en el que se sufre agresión”, destacó.
Plascencia Pacheco aseguró que la población femenil en México sigue sin conocer que son portadoras de derechos, ni que existen instancias municipales, estatales y gubernamentales que las pueden ayudar, orientar y apoyar en la búsqueda de impartición de justicia ante una vejación.
