MÉXICO, DF, 14 de diciembre de 2015.-Las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República, encabezadas por Angélica de la Peña y Fernando Yunes, respectivamente, advirtieron que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal en materia de desaparición forzada y tortura estarían en riesgo de aplicación ya que el presupuesto considerado para su implementación no estaría disponible hasta 2017.
En conferencia de prensa, De la Peña Gómez, informó que las leyes se estarían dictaminando con conferencia con la Cámara de Diputados, el próximo Periodo Ordinario de Sesiones que inicia en febrero, por lo que su promulgación se darían a mediados del año entrante, sin embargo no hay previsión presupuestal para su implementación.
“Tendría que estar implementándose los distintos mecanismos de las dos leyes a partir del año que entra, pero si no hay una previsión presupuestal vamos a tener un impase de más de la mitad del año que hagan complicada la aplicabilidad de las dos leyes única”, resaltó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
De acuerdo con los presidentes de las comisiones, al interior de los grupos de trabajo se deberán definir los tipos penales, los bienes jurídicos que protegen cada una de las iniciativas, a quien se les fincarían las responsabilidades penales y las distintas instituciones que tienen que crearse en las dos leyes.
Además, puntualizaron que entre las diferencias que tendrían los legisladores con la iniciativa presidencial es en el caso de tortura que define dos tipos penales: uno por tortura y otro por tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin embargo en la Cámara Alta sólo se considera un tipo penal.