GUADALAJARA, Jal; 5 de marzo de 2020.- Las 306 hectáreas ejidales donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ya son propiedad de la nación. Así lo señala la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que dio a conocer el vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Miguel Alejandro Solís Rosales.
Por ello, jurídicamente no existe ningún impedimento para la ampliación de la terminal aérea que pretende ser la más moderna del país. Así, los terrenos que han estado peleando ejidatarios están totalmente liquidados, no hay deuda y el proceso de construcción puede continuar.
El plan de ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara involucra una inversión superior a los 12 mil millones de pesos y según Solís Rosales es una muestra de confianza del GAP a los gobiernos federal y estatal.
Destacó que de cualquier modo no se requerirán los terrenos de El Zapote para la construcción de una segunda pista, ya que la proyección se tiene considerada dentro de la poligonal vigente.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Colegiado “ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada por la existencia del aeropuerto, y por lo tanto, las cosas ya no pueden volver al estado en que se encontraban”.
Solís puntualizó que el único expediente que se mantiene en litigio es un incidente por daños y perjuicios que no tiene relación alguna con el decreto de expropiación de 1975 y que ha sido detenido en su resolución por los propios ejidatarios.
“Confiamos plenamente en el Poder Judicial de la Federación bajo la notable conducción del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, quien ha dado múltiples muestras de honestidad y congruencia en su actuación”, expuso Solís Rosales.
Finalmente, el ejecutivo del GAP, advirtió que el proyecto de ampliación podría enfrentar un “sabotaje jurídico”, como el que en su momento enfrentó la ampliación del Aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en la base militar Santa Lucía, en el Estado de México.
“Tiene la razón el presidente López Obrador quien hace unos días, de visita en Guadalajara, dijo y cito textual: ‘Si por justicia les corresponde un pago se les tiene que hacer ese pago; si no, no se puede exigir algo que no sea justo, a lo que no se tiene derecho`, nosotros, al igual que el presidente López Obrador, confiamos totalmente en la legalidad como mecanismo para la solución de cualquier controversia”, ´puntualizó Solís.