GUADALAJARA, Jal; 12 de mayo de 2020.-En la administración pública del Gobierno de Jalisco será prioridad garantizar la inclusión de personas con alguna discapacidad al garantizar que se les contrate cuando cumplan con los perfiles para los puestos.

Así lo aprobó la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos en el Congreso del Estado. La diputada presidenta, Erika Pérez García explicó que para este fin será modificada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Detalló que se trata de diversas reformas de ley, por las que se especifica que para la titularidad y funcionamiento de aquellas dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal que apoyen asuntos relativos a personas con discapacidad, serán preferentemente designados los servidores públicos que cuenten con los conocimientos, estudios y con algún tipo de discapacidad, sin excluir a servidores públicos que cuenten con los conocimientos para desempeñar la función.

De este modo, dependencias como la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad; la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado; el DIF Estatal; la Unidad de Valoración de Personas con Discapacidad; y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, entre otros, deberán dar preferencia en direcciones y subdirecciones a este segmento poblacional.

Además, en el Congreso local se avaló la armonización de la Ley de Planeación Participativa y la Ley de Obra Pública ambas del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que de acuerdo con la reforma que se hizo a la Constitución de la República en junio del año pasado, se reconozca a las personas afro-mexicanas, y sean contempladas en dichos ordenamientos estatales a fin de que se generen políticas públicas adecuadas a su cultura, costumbres y forma de organización territorial.

Actualmente Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en población de estas características.También, se avaló la reforma a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, para facultar a los municipios la rendición de un informe por escrito sobre su ejercicio administrativo, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, ya que anteriormente este proceso solo se contemplaba como acto protocolario.