Exige PARITÉ no eliminar el Instituto Jalisciense de las Mujeres

GUADALAJARA, Jal; 15 de octubre de 2018.- Organismos defensores de los derechos de las Mujeres encabezados por PARITÉ, anunciaron que entregarán una carta al gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez  para exigirle que sea una realidad la paridad de género en su gabinete estatal toda vez que sólo hay 7 perfiles femeninos en su equipo de trabajo de un total de 24 puestos.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, Socorro Arce también recriminó la intención de Alfaro Ramírez de desaparecer el Instituto de las Mujeres para integrarlo a una Secretaría de Igualdad Sustantiva.

En el mismo tenor, Guadalupe Ramos de CLADEM, dijo que esta decisión sería un retroceso porque se perderían programas y presupuestos etiquetados para este Instituto y porque hay acuerdos internacionales que recomiendan la existencia de estos organismos y que sean públicos, autónomos y descentralizados.

“Exigimos al gobernador electo la conformación de un gabinete paritario que incluya los mejores perfiles de mujeres en las distintas áreas de su gabinete, y el compromiso para que no fusione al Instituto Jalisciense de las Mujeres en ninguna secretaría, y por el contrario fortalezca el Instituto Jalisciense de las mujeres con apoyo presupuestal y la designación de un titular del mismo con un perfil comprometido con los derechos humanos”.

La presidenta de Mujeres por la Justicia Social, Rosa María González Carranza dijo que este tipo de Institutos es resultado de luchas de décadas como un esfuerzo para establecer igualdad y acceso a una vida libre de violencia.

Dicha carta va acompañada de más de 400 firmas y la estarán entregando en los siguientes días; agregan que con este tipo de decisiones también están en riesgo avances como la alerta de violencia contra las mujeres y los apoyos a los Institutos Municipales.

Finalmente las activistas ahí presentes le recordaron a Enrique Alfaro que las mujeres no son un grupo vulnerable, por lo que no pueden incluirse en políticas públicas dirigidas a esos sectores, sino que representan más del 50 por ciento de la población con problemáticas muy específicas.